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Los veterinarios de Canarias han vuelto a salir a la calle para exigir que se respete su autoridad clínica y concienciar a la sociedad sobre los problemas que plantea la aplicación del Real Decreto 666/2023, que regula la prescripción, dispensación y uso de antibióticos, especialmente en el caso de los animales de compañía.
Profesionales del sector en todo el país se han movilizado este fin de semana para reclamar al Ministerio de Agricultura la modificación de esta normativa. En el caso de Canarias, este domingo está prevista una manifestación en Santa Cruz de Tenerife, mientras que este sábado, el parque de San Telmo, en la capital grancanaria, acogió una Feria Veterinaria cuyo objetivo fue informar a la ciudadanía sobre las dificultades que afronta el colectivo para tratar eficazmente a las mascotas que requieren tratamientos antimicrobianos, y animar a la participación en la protesta celebrada por la tarde.
Hasta ahora, era el veterinario quien entregaba directamente a los dueños los antibióticos necesarios para completar un tratamiento.
Con el nuevo decreto, deben registrar cada prescripción en una base de datos nacional y remitir a los propietarios de los animales a las farmacias que, en muchos casos, no disponen de formatos veterinarios de estos medicamentos.
«Muchas veces las farmacias no tienen interés en comprar estos productos, porque si no los venden, se los tienen que quedar», denuncia Alejandro Suárez, presidente del Colegio de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, sobre uno de los muchos inconvenientes de la nueva regulación, que obliga a los propietarios a recorrer varias farmacias en busca del antibiótico adecuado.
«No queremos vender medicamentos ni competir con los farmacéuticos. Lo único que pedimos es poder aplicar libremente el tratamiento que consideramos adecuado, en base a nuestra experiencia, formación y conocimiento científico», subraya.
Otro de los problemas señalados por los profesionales es que, anteriormente, los veterinarios podían dispensar las dosis exactas necesarias para cada animal, lo que ayudaba a evitar el mal uso de estos fármacos -una de las principales causas de la resistencia antimicrobiana- y facilitaba una gestión adecuada de los residuos. «No es lo mismo recetar un medicamento para un gran danés que para un chihuahua. Ahora, en la farmacia, hay que llevarse la caja entera. Es un sinsentido, porque al final se acumulan antibióticos en casa que no se van a usar», advierte Suárez.
Además, no todos los medicamentos adecuados para tratar determinadas enfermedades en especies concretas pueden ser recetados, simplemente porque esa indicación no figura en el prospecto, aunque su eficacia esté científicamente demostrada. «Si el prospecto no indica que el medicamento sea para una especie concreta, no se puede prescribir», lamenta el portavoz, quien advierte del temor del colectivo a las sanciones económicas derivadas del incumplimiento del nuevo reglamento.
La situación no afecta a los animales de producción, cuyos tratamientos suelen ser más homogéneos. De hecho, los veterinarios valoran positivamente que la prescripción de antibióticos quede registrada en la nueva aplicación PresVet. «El problema está en las mascotas; tratamos desde periquitos hasta iguanas», concluye Suárez.
En su opinión, la nueva normativa española es demasiado restrictiva y dista de la que se aplica a los veterinarios alemanes o franceses, mucho más flexible. Por ello, los profesionales piden que se rectifique el decreto.
La aplicación de la nueva norma que regula la dispensación, prescripción y uso de medicamentos veterinarios no solo restringe la práctica clínica, sino que pone en riesgo la salud de los animales.
Un ejemplo de ello es lo que ocurre con la filariosis canina, una enfermedad frecuente en Canarias, conocida como el gusano del corazón y transmitida por un mosquito. El problema al que se enfrentan los veterinarios es que esta enfermedad se trata con doxiciclina, pero esta indicación no está incluida en el prospecto. «Si la usas, tienes que registrarlo en la plataforma PresVet, sí o sí. El miedo es que estás dejando constancia de que estás utilizando este medicamento para la filariosis canina, pero quizá, dentro de seis meses, el asunto acabe en una multa», lamenta el presidente del Colegio de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, Alejandro Suárez.
Además, los veterinarios están obligados a usar unos pocos antibióticos de primera línea, aun sabiendo que no siempre son eficaces para atajar una infección. Para poder prescribir los de segunda línea, deben realizar un cultivo previo. Esto encarece y retrasa el tratamiento. «Supone una falta de respeto a nuestro criterio técnico», comenta el portavoz provincial de los veterinarios.
Otro ejemplo es el colirio antibiótico que se usa para ciertas infecciones oculares. «Te llega un gato alterado y encima le tienes que coger al pobre una muestra de los ojos para un cultivo, que a veces resulta negativo porque tomaste mal la muestra», se queja.
Además, todo el proceso se encarece. «No nos permiten prescribir genéricos, sino presentaciones veterinarias, que a veces cuestan cien veces más. No es lo mismo pagar 50 céntimos que 50 euros», aclara Suárez.
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