Ni plan de pagos, ni libreta de Toñi, ni ingresos extra

01/08/2018

La sentencia, y Alba también con su voto particular, lo absuelve de un delito continuado de prevaricación y otro de cohecho.

Ya el fiscal le había rebajado bastante la petición de pena al acabar el juicio. De 6 años de cárcel, pasó a 2, de 22 de inhabilitación, a 12, y de 1,2 millones de euros de multa, a 640.000 euros. Sin embargo, al menos en primera instancia, Valido es eximido de toda responsabilidad. ¿La razón? La falta de pruebas, según el voto de Alba.

Por partes: respecto al delito de prevaricación, subraya que «no consta probada una voluntad, una acción deliberada tendente a la no elaboración del plan de disposición de fondos con una finalidad torticera, ilícita, con intención de retorcer la legalidad». Dice que ni se ha probado que tuviera conocimiento del «ilícito actuar» del resto de acusados que han confesado. Se le acusaba de no aprobar un plan de pagos que garantizase un orden legal en los abonos para así poder favorecer a las empresas que pagaban comisiones. «Pero esa elaboración corresponde al tesorero; aunque la aprobación corresponde al alcalde, no puede aprobar algo que no se ha elaborado». Según Alba, tampoco se ha probado nada del cohecho. El indicio al que se agarraba el fiscal era el informe de la Agencia Tributaria que alertaba de ingresos dudosos. Pero Alba no lo comparte. «La conclusión de los peritos y del Ministerio Fiscal parece ser que si lo que se gasta no se corresponde con el ingreso por nómina laboral es un claro indicio de cohecho». La Sala discrepa, según Alba, por «lógica pura racional y por obvias razones jurídicas». Recuerda el importante patrimonio inmobiliario en explotación de Valido y su mujer, y da otro detalle: «No es lógico que si una persona pública está percibiendo comisiones ilegales vaya a ingresarlas en su cuenta bancaria y a tributar por ellas». Tiene claro que el origen de sus ingresos era «lícito». Alba también desmonta la prueba de la libreta con anotaciones de Toñi Torres sobre las supuestas comisiones asociadas a siglas. La instrucción atribuye la inicial Alc al alcalde. Dice que no se puede presumir ni que las siglas se refirieran a concejales ni que las cifras fueran comisiones. Y concluye: que Torres y Gordillo montaran una trama para cobrar comisiones, no implica que el alcalde lo hiciera ni lo supiera.