«No está probado que estuviera al tanto de la trama»

01/08/2018

La sentencia y el voto de Alba la absuelven de los delitos continuados de falsedad en documento oficial y mercantil, continuado de malversación y continuado de fraude.

El fiscal Del Río también ya le había rebajado de forma sensible la petición de condena, pues pasó de pedirle 5 años de prisión a 1 año y tres meses, de 14 de inhabilitación, a 8, y de una multa de 9.000 euros, a quitársela. Pero el fallo la deja libre de cargos porque «de la prueba practicada no se deduce responsabilidad penal alguna o implicación en los hechos» de esta acusada. Advierte Alba en su propuesta de sentencia de que el fiscal se aferra a unas conversaciones telefónicas en las que no interviene Castellano, pero que para el magistrado no demuestran «que estuviera al tanto de la trama de comisiones ilegales». Luis del Río la acusaba de haber pactado, con la edil Torres –ya fallecida– y con Gordillo, financiar la reforma de la sede del PP con dinero municipal falseando facturas de la ferretería de Felipe y Nicolás Ojeda. Alba es contundente: «La implicación de Castellano está huérfana de toda prueba», por mucho que Gordillo reconociese los hechos. ¿Por qué? Porque no está acreditado que la entonces edil lo supiera ni tampoco el PP de Telde, del que Castellano era presidenta local. El magistrado tilda de «meras especulaciones carentes de prueba» la «especulación», así la llama, de un informe de la policía sobre el posible destino para la sede del PP de unos fondos que, en principio, eran para talleres, cursos y demás. No consta, insiste, que ninguno de los acusados, y menos aún los vinculados al PP, desviaran fondos municipales para sufragar los gastos de reforma de la que entonces era la sede del partido en Telde, «lo que excluye evidentemente la responsabilidad» de Castellano y del partido en su condición de responsable civil subsidiario. Como con Valido, la policía interpretó que las siglas de la edil estaban en la libreta de Toñi Torres. Pero otra vez el magistrado es contundente: «No existe indicio corroborado, ni siquiera periféricamente, para concluir que el alcalde o la concejal Castellano cobraran comisiones ilegales». Califica las deducciones policiales sobre las cifras y operaciones de esa libreta de conjeturas, y de «conjeturas no puede construirse una condena penal».