El juez Alba dice que no podía callar ante las «irregularidades» de Rosell

01/07/2019

El juez Salvador Alba ha defendido este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que se le está acusando de haber conspirado contra Victoria Rosell con pruebas "manipuladas", cuando él "no podía permanecer callado" ante las "irregularidades" que observó en el trabajo de su colega.

Alba ha relatado al tribunal que un empresario investigado en una causa en el juzgado de Victoria Rosell por fraude fiscal, Miguel Ángel Ramírez, entonces dueño de Seguridad Integral Canaria, le contó en su despacho que "era socio" en varios negocios del periodista Carlos Sosa, pareja de la juez.

Se alarmó cuando comprobó que esas diligencias avanzaban poco y que no se ampliaban para indagar otros delitos, como un posible blanqueo de capitales.

El magistrado -suspendido de sus funciones desde que se le abrió juicio por estos hechos- ha alegado que no tenía nada contra Rosell y que quizás pecó de "prudente" al limitarse a enviar informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre cuál fue su actuación en la causa contra Ramírez y sobre las relaciones de este con su pareja.

Alba ha añadido que, no obstante , lo que "le pedía el cuerpo" era denunciar esos hechos por la vía penal en una exposición razonada al Tribunal Supremo.

La Sala de lo Penal del TSJC ha comenzado a juzgar este lunes al juez Salvador Alba por una serie de decisiones que tomó en 2016, cuando Victoria Rosell fue elegida diputada en el Congreso por la provincia de Las Palmas en representación de Podemos y él la sustituyó en su Juzgado, haciéndose cargo, entre otros, del procedimiento de fraude fiscal abierto contra Miguel Ángel Ramírez.

La Fiscalía y el resto de acusaciones sostienen que Alba manipuló ese procedimiento para perjudicar a Rosell tanto en su imagen profesional como política, en un momento en el que el exministro José Manuel Soria (PP) se había querellado contra ella en el Tribunal Supremo para acusarla de retrasar de forma maliciosa la investigación de los delitos que se achacaban a Ramírez.

Rosell salió indemne de esas acusaciones -archivadas tanto en la vía disciplinaria como en la penal-, pero la decisión del Supremo de admitir la querella de Soria y de abrirle una investigación la obligó a no presentarse a las elecciones generales de 2016.

La Fiscalía pide diez años de cárcel contra Salvador Alba porque considera que cometió delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y revelación de secretos, una afirmación que sustenta, entre otras pruebas, en la grabación que Ramírez hizo de una reunión que mantuvo con Salvador Alba antes de que este lo llamara a declarar.

Salvador Alba ha defendido en su declaración que esa grabación está manipulada, que se han cortado frases suyas de esa reunión y de otras conversaciones diferentes para hacer ver que dice cosas que -según su versión- nunca dijo; pero, sobre todo, ha insistido en que no fue él quien preparó ese encuentro, sino que lo solicitó Ramírez.

De acuerdo con el procesado, él no le dijo a Ramírez lo que tenía que declarar, sino más bien lo contrario. Era ese empresario, ha argumentado, quien le decía lo que le tenía que preguntar, hasta el punto de que llegó a sentirse "molesto" con su actitud.

Alba sostiene que aceptó esa reunión celebrada en horas de trabajo y en su despacho, "por lo que difícilmente puede calificarse de clandestina", porque Ramírez le había contado que era socio de la pareja de la juez Rosell, afirmación que le pareció "muy grave", puesto que, si era así, esta no debió instruir su caso.

"Es que el señor Ramírez me estaba contando que había comprado acciones de una empresa de Carlos Sosa, la pareja de la juez. Claro que tenía interés en saber sobre eso. Yo era entonces el instructor y no podía mirar para otro lado. Muchísimo interés. Si se acreditaba que ese señor era socio de la pareja de la juez todo era un disparate como la copa de un pino", ha señalado.