Al banquillo una banda de traficantes

Esta primera sesión de las siete programadas, se celebrará hoy ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas con la amenaza de la suspensión, puesto que una de las defensas ha pedido que el juicio se posponga. La causa esgrimida por el letrado Miguel Ángel Pérez Diepa es que las partes han recibido recientemente un sobre con más de 50 CDs de escuchas telefónicas a las que no habían tenido acceso anteriormente, ni siquiera para la realización de los correspondientes escritos de defensa y sin tiempo material para analizarlos, lo que considera el abogado que es causa de indefensión.

Con la amenaza de la suspensión, de la petición de nulidades de las pruebas o posibles pactos con la Fiscalía, se presenta un procedimiento que juzgará a los 21 miembros de una presunta banda criminal que se dedicaba a traficar principalmente con cocaína y hachís, transportando la mercancía desde Brasil y Colombia en contenedores que eran descargados en el Muelle de la Luz de la capital grancanaria por trabajadores de Opcsa.

Según el escrito de la fiscal, los 21 acusados –mas otros tres que están en busca y captura–, trabajaban bajo las órdenes del cabecilla de la presunta banda, Francisco Javier F. P. El mismo, entre el año 2012 y 2015, repartía responsabilidades en el seno de su organización «que tenía como finalidad desplazar sustancias estupefacientes desde países del extranjero, con destino España, y concretamente a la isla de Gran Canaria». Las grandes ganancias económicas que obtenía, las repartía en función de los cargos y el lugar que cada uno de los miembros de la banda ocupaba dentro de la misma.

Un parte de la investigación se centró en la conexión que tenía la presunta banda con unos narcotraficantes brasileños. Por ello, dos de los acusados que eran padre e hijo, viajaron a Sao Paulo en diciembre de 2014 para preparar lo que iba a ser un envío de cocaína a Gran Canaria vía marítima en contenedores. Les dio a los brasileños dos copias de las listas de buques en los que podía guardar la coca, información que le habían facilitado los dos trabajadores de Opcsa. Uno de ellos el 24 de enero de 2015 averiguó la ubicación de la mercancía que se ordenó en Brasil que metieran en el buque. En junio de 2015, trasladaron hasta el Muelle de la Luz, 198,48 kilos de cocaína con una riqueza media del 83,73%, sustancia que en el mercado habría alcanzado un valor de 1,188 millones de euros.

Los 21 acusados se enfrentan a penas que van desde los 12 años de prisión a los 18 –en el caso del cabecilla– y al pago de multas millonarias.