153 personas imputan estafa a un supuesto falso dentista
Un total de 153 vecinos de Gran Canaria están citados a declarar como perjudicados durante estos días en el juicio que se sigue a instancias del Colegio Oficial de Odontólogos de Las Palmas contra el dueño de las clausuradas clínicas dentales Denta 4. El fiscal no ve delito.
Antonio F. de la Gándara
Martes, 21 de noviembre 2017, 08:02
El empresario Gustavo G.S.B. aseguró ayer ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas que nunca suplantó la identidad de un odontólogo durante su etapa al frente de las clínicas dentales Denta 4 en dos centros comerciales de Las Palmas de Gran Canaria, y afirmo que, si su servicio no pudo cumplir con éxito las obligaciones contraídas con sus pacientes, fue porque el Servicio Canario de Salud se las clausuró en la primavera de 2006.
La Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas inició ayer las sesiones del juicio que se sigue contra Gustavo S.B.D. por la presunta comisión de delitos de intrusismo, estafa y lesiones.
El impulso procesal corre a cargo del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Las Palmas, dirigido por el letrado Roberto Orive y de una particular, que actúa bajo la dirección legal del letrado Tomás Ruano. Ambas acusaciones particular piden cinco años de cárcel para el imputado, asegurando que se hizo pasar por dentista y que timó a 153 personas a las que dejó colgadas cuando le cerraron las clínicas, con un trabajo a medio hacer que, en gran parte de los casos, aseguran, hubo de reiniciarse de cero en otros centros dentales –con el consecuente gasto añadido– porque los tratamientos eran defectuosos.
La acusación pública, representada en el plenario por el fiscal Miguel Pallarés, estima en sus conclusiones provisionales que no hay pruebas ni de que el acusado se hiciera pasar por dentista ni de que hubiera abierto las clínicas con el fin de engañar a sus clientes; cree el fiscal que no hay duda de que existe una responsabilidad civil del acusado con los clientes, pero entiende que no hay material que encaje en el delito de estafa.
Gustavo G.S.B. se negó a contestar a las acusaciones, y en respuesta a su abogado, Jorge Luis Pazos, negó que se hiciera pasar por dentista, dijo que en sus centros trabajaban odontólogos titulados y aseguró que no pudo cumplir con sus clientes porque Sanidad le cerró las clínicas. Se declaró arruinado, embargado e insolvente.
«Devolví lo que pude».
Gustavo G.S.B.aseguró que en ningún caso tuvo intención de estafar, sino que se vio obligado a cerrar por orden de la autoridad. Afirmó que había devuelto lo que había podido y negó que él mismo se presentara como odontólogo. La primera de las denunciantes dijo que habían dejado a su hija con un tratamiento a medias, y creyó recordar que el acusado se había presentado como odontólogo.
