Trabajadores de UGT dicen desconocer que cobraban por los cursos de Fundescan

Varios trabajadores de UGT Canarias han declarado este martes ante la Audiencia de Las Palmas que desconocían que se les computaran horas por cursos de formación ofrecidos por Fundescan, en el marco del juicio por presuntas irregularidades en el uso de subvenciones del Servicio Canario de Empleo.

En la quinta sesión del juicio por el conocido 'caso Fundescan', celebrada en la Sección Sexta de la Audiencia, nuevos testigos han reiterado que no mantenían relación contractual alguna con la fundación laboral del sindicato, pese a que las acusaciones sostienen que se les imputaron horas de trabajo en sus nóminas vinculadas a cursos de formación continua para personas ocupadas.

Una de las testigos, abogada del sindicato entre 2006 y 2010, señaló que desconocía de dónde procedía su salario y no recordaba que en sus nóminas aparecieran horas vinculadas a Fundescan. Añadió que, en alguna ocasión, pudo intervenir en sesiones formativas explicando conceptos laborales, aunque no precisó el año.

Según las acusaciones, en 2009 a esta empleada se le asignaron 635 horas por su supuesta participación en actividades de Fundescan, extremo que ella negó conocer. Otros testigos, algunos aún en activo en UGT, coincidieron en señalar que nunca se les informó de la imputación de estas horas y que no tenían la obligación de fichar al entrar o salir del trabajo.

Una trabajadora afirmó que durante un año estuvo de baja médica, por lo que consideró «imposible» haber trabajado las horas que se le atribuyen, las cuales, según la acusación, triplicaron su nómina durante ese periodo.

Otro de los testigos, administrativo en UGT desde 2010, aseguró que gestionaba facturas y nóminas relacionadas con las subvenciones, aunque no pudo confirmar si los fondos se destinaron a fines distintos a los previstos. Sí indicó que participaba directamente en la contabilidad del plan de formación de ese año.

La Fiscalía y las acusaciones, entre ellas el Gobierno de Canarias, solicitan penas de entre 1 y 16 años de cárcel para los 12 procesados —incluidas las responsables de Fundescan en aquel periodo— por delitos de estafa continuada y defraudación de subvenciones. El propio sindicato UGT figura como responsable civil subsidiario de los presuntos fraudes, con reclamaciones de indemnización que superan el millón de euros.

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