Trabajadores forzados en la Alemania comunista

«Lamentamos profundamente que los productos de Ikea fueran también fabricados por presos políticos de la República Democrática Alemana (RDA)», manifestó Walter Kadnar, director de la filial de Ikea en el país, al anunciar que la multinacional sueca aportará seis millones de euros al fondo nacional de ayuda para las víctimas de la dictadura del Partido Socialista Unificado (SED) en la antigua Alemania comunista que impulsa el gobierno federal. «La decisión es pionera. Esperamos que otras empresas sigan el ejemplo», señaló Dieter Dombrowski, presidente de la UOKG, organización no gubernamental que clama justicia para las víctimas, que cuentan con una pensión y otros apoyos.

La medida ha sido fruto de un largo proceso. En 1982, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos realizó protestas frente a las tiendas Ikea contra la fabricación de muebles por parte de presos en la Alemania comunista. Pero el trabajo forzoso en la RDA fue un tema que apenas se debatió en el Bundestag, ni antes ni después de la reunificación del país en 1990. En 2012, la compañía pidió perdón por esta práctica y encargó una investigación independiente. Según el diario 'Bild', trabajadores forzados encarcelados en la RDA fabricaron en Waldheim (Sajonia) bisagras, otras piezas de metal y algunos muebles, como el famoso sofá plegable 'Klippan'.

Para Evelyn Zupke, Comisaria de las Víctimas del SED, la decisión de Ikea de contribuir al fondo de ayuda a las víctimas de la dictadura comunista es «la expresión de un manejo responsable de un capítulo oscuro de la propia historia de la empresa». «No podemos deshacer lo que las víctimas tuvieron que vivir en las cárceles de la RDA, pero hoy podemos tratarlas con respeto y apoyarlas, sobre todo en tiempos de necesidad», añadió.

Treinta y cinco años después de la caída del Muro de Berlín, la situación económica de algunos de estos antiguos presos políticos es precaria porque los periodos de encarcelamiento o persecución provocaron interrupciones en su vida laboral. Además, el trabajo forzado puede tener graves consecuencias para la salud física y mental de las personas.

Según explica el historiador Peter Keup, muchas de estas víctimas han tenido problemas a la hora de probar ante las autoridades alemanas que los problemas que sufren están relacionados con su actividad en las cárceles de la RDA. Y las empresas también exigen pruebas. Keup destaca el gesto de los responsables de Ikea, que nada tiene que ver con la actitud de firmas como Aldi y Otto, contrarias a dar compensaciones porque, alegan, ha pasado mucho tiempo e ignoraban las condiciones de fabricación de sus productos.

El historiador considera especialmente «molesta y frustrante» la respuesta de los propietarios de la cadena de supermercados cuando les pide que asuman sus responsabilidades, máxime cuando hay evidencias de que vendieron medias para mujeres fabricadas por trabajadoras de la cárcel de Hoheneck, en Sajonia. «Millones de medias cruzaron la frontera interalemana», denuncia.

Peter Keup sabe por experiencia lo que significa realizar trabajos en una cárcel de la RDA. Con 22 años fue encarcelado por el régimen comunista tras intentar escapar al oeste en los ochenta, después de que a su familia le negaran el visado para emigrar legalmente a la República Federal Alemana (RFA). Se le consideró un prisionero político y pasó diez meses en la prisión de Cottbus, parte de ellos en una célula de aislamiento. Durante ese tiempo se vio obligado a fabricar carcasas de aluminio para la empresa de cámaras Pentacon, que vendió sus artículos en Occidente a través de Foto Porst y de las compañías de venta por correo Quelle y Otto.

«Los prisioneros políticos no nos podíamos negar a realizar trabajos forzados porque formaba parte de las condiciones de encarcelamiento. De haberlo hecho, hubiéramos tenido problemas», explica Keup, quien califica de «terribles» las condiciones en las que trabajaban en Cottbus. «Era invierno y las salas de producción no tenían calefacción adecuada. Tampoco teníamos guantes de protección para trabajar», recuerda el experto, que logró salir después de que el gobierno de la República Federal Alemana (RFA) pagara por su liberación. Más tarde emigró a Alemania occidental.

Tras la reunificación, Keup descubrió en los archivos del Ministerio de Seguridad del Estado de la RDA que su propio hermano informaba de sus movimientos a la Stasi. «Me hice historiador por la historia de mi familia», admite.