Velocidad de crucero en la Audiencia

Después de que la pasada semana la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrara sin ningún tipo de problemas un juicio por tráfico de drogas durante dos días, en esta ocasión le toca el turno a las secciones Segunda y Sexta. Estos órganos jurisdiccionales colegiados se incorporarán a la nueva normalidad de la Justicia en fase de desescalada con una agenda de juicios bastante apretada durante toda esta semana.

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO

Por una parte, la Sección Primera presidida por el magistrado Miguel Ángel Parramón celebrará esta semana dos vistas orales. Mañana martes comenzará a las 9.30 horas con un caso de pateras en el que los acusados se enfrentan a un delito contra los ciudadanos extranjeros que podría resolverse mediante una conformidad, mientras que a las 10.00 horas se sentará en el banquillo una persona acusada de un delito contra la Seguridad Social.

Según la Fiscalía, Ramón D. M. se dio de alta como autónomo el 1 de agosto de 2007 para trabajar en la construcción y, además, contrató a un empleado al que también dio de alta en la Seguridad Social. Esto generó una deuda con este organismo por el acusado de 2.871 euros por 2013, 4.721 euros por 2014 y 385 por 2015 y por el trabajador de 1.373 euros por 2014, dejando el acusado impagadas estas cantidades.

Para evitar el previsible embargo por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social y no obstante poder seguir ejerciendo su actividad mercantil, la Fiscalía considera que el acusado constituyó la sociedad limitada Construcciones Ramón Déniz Montesdeoca contratando a nuevos trabajadores y aumentando la deuda con la Seguridad Social a 15.341,51 euros por 2013.

Nuevamente y para no ser embargado, montó la sociedad limitada Construcciones Canteras Siglo XXI de la que el acusado era único socio y administrador y traspasó a cinco trabajadores de la primera a la segunda y contrató a otros nuevos. La deuda aumentó a 41.494,66 euros por 2013, 144.893,21 euros por 2014 y 49.527,02 euros por 2015. En total, el montante presuntamente defraudado a la TGSS ascendió a 260.608,11 euros. La Fiscalía interesa para el acusado cuatro años de prisión, inhabilitación para ser autónomo y para administrar sociedades durante el tiempo de la condena, multa de 1.042.432 euros y una indemnización de 260.608 euros.

Varios casos.

Por su parte, mañana martes la Sección Segunda presidida por la magistrada Pilar Parejo tiene previstos tres juicios. Dos son por tráfico de drogas y el otro será por abuso sexual, aunque éste último será resuelto con un acuerdo de conformidad.

La Fiscalía Provincial interesaba una pena de dos años de prisión para José Antonio H. M. por unos hechos descritos de esta forma: «Sobre las 14.45 horas del día 16 de abril de 2019 el acusado José Antonio H. M. se encontraba en su domicilio, sito en Tejeda (Las Palmas), en compañía de una menor de edad, así como del hermano y la madre de ésta», narra. «En un momento dado, y guiado por el ánimo de satisfacer sus instintos lúbricos», el acusado que ha reconocido los hechos «se sentó al lado de menor y le dio un beso en la boca, introduciéndole la lengua, a la vez que intentaba tocarle los pechos metiendo una de sus manos por debajo de la prenda superior que portaba la niña».

Por su parte, el miércoles se celebrarán dos vistas orales, una por tráfico de drogas y otra tentativa de homicidio. En este caso y según el Ministerio Público, Roberto M. E. será juzgado por unos presuntos hechos cometidos a las 20.15 horas del 29 de marzo de 2019, cuando el acusado se personó en la vivienda de un conocido en la capital grancanaria y «con el ánimo de acabar con su vida», le golpeó «con un martillo que portaba, dándole un golpe en la cabeza, que pudo ser esquivado por la persona agredida al defenderse con los brazos». Como quiera que la víctima logró hacerse con el martillo del acusado, «éste sacó de su pantalón un cuchillo y le asestó dos puñaladas en el costado». Otras tantas que iban dirigidas al abdomen que pudo repelerlas el agredido, pero que el protegerse con los brazos, sufrió varios cortes con el cuchillo.

Por estos presuntos hechos, Roberto M. E. se enfrenta una petición de penas de nueve años de prisión por tentativa de homicidio, el pago de 2.879 euros por las lesiones y 10.000 euros por daños morales.

Todos con sus mascarillas

Las normas de acceso a los edificios judiciales seguirán siendo estrictas. La entrada ya sea del público en general o de los profesionales, vendrá delimitada por el cumplimiento del aforo máximo de la sede por motivos de salud pública. Además, todos los que acudan a las instalaciones deberán ir con mascarillas de uso obligatorio.