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La consejera de Derechos Sociales ve positiva su gestión en la última legislatura | El catálogo de Servicios Sociales saldrá a la luz como máximo en un mesEFE
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 24 de marzo 2023, 09:30
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, considera que el balance de gestión de su departamento en estos cuatro años de legislatura es positivo, pues «nos avalan los datos», ha dicho, y ha añadido que su principal «legado» será la renta canaria de ciudadanía.
La oposición, en cambio, tiene una visión opuesta al juzgar la «preocupante situación de Canarias«, que encabeza la pobreza severa e infantil y está a la cola en plazas residenciales, y con tiempos de espera en Dependencia que duplican lo estipulado por ley. Por tanto, concluyen que esta ha sido «una legislatura perdida».
En cambio, Noemí Santana ha recalcado en comisión parlamentaria que en estos cuatro años ha habido «enormes avances en derechos sociales e igualdad» a pesar de las dificultades que ha habido que afrontar, «que no han sido pocas».
Ha puesto de relieve que los fondos con los que ha contado su Consejería han aumentado estos cuatro años un 45%, de 462 millones en 2019 a los 669 consignados para este ejercicio, y ha expresado sus dudas de que «esto, con otro gobierno de otro signo, hubiera sido posible».
Santana ha destacado también la incorporación de 233 trabajadores para «sacar adelante expedientes, prestaciones y ayudas», lo que ha permitido que «hoy por hoy haya en Canarias más personas protegidas».
En este marzo se abonará la última nómina de la prestación canaria de inserción, que será sustituida por la renta canaria de ciudadanía, a 12.538 familias, frente a en torno 5.500 del inicio de legislatura y el mayor nivel de cobertura de los últimos 16 años.
Además, ha subrayado que las cuantías son mayores y tienen «más estabilidad», y que las familias perceptoras con hijos a cargo perciben complementos y «no tienen el miedo y la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Eso en esta comunidad no pasa, mucho menos cuando entre en funcionamiento la renta de ciudadanía», ha aseverado.
Noemí Santana ha insistido en que «el legado fundamental» que quería dejar a su paso por la Consejería, aunque su intención es repetir en la próxima legislatura, era garantizar a los canarios «el derecho a vivir con felicidad, con tranquilidad, que haya esa red de protección para toda nuestra gente» que supondrá la renta de ciudadanía.
Una prestación que «no es una paguita, un regalo, un sueldito de Nescafé para toda la vida, sino un derecho reconocido por ley y por nuestro Estatuto de Autonomía», ha proclamado, y de la misma forma que «nadie cuestiona cuando una persona que necesita un médico sea tratada» tampoco se debe hacer con la renta, pues se trata, ha dicho, «de garantizar derechos sociales, no de beneficencia».
Santana ha dicho que en su departamento se sienten «especialmente orgullosas» en materia de Dependencia, porque cada vez se está «llegando a más gente» y porque «no hay parámetro alguno donde no hayamos mejorado respecto a la legislatura anterior».
Y ha recordado que en estos cuatro años se han duplicado los fondos del plan concertado con los ayuntamientos, al pasar de 20 millones a 41,7.
Aunque la «ambición» del Gobierno, ha dicho, es saldar «la deuda histórica» con las entidades del tercer sector en el ámbito sociosanitario y de la discapacidad y «cubrir el 100%» de los costes para que las familias no tengan que cofinanciar las plazas; un compromiso que ha adquirido si repite en la consejería en la próxima legislatura.
La consejera también ha avanzado este viernes, que en cuestión de «semanas, máximo un mes», el catálogo de servicios y prestaciones de servicios sociales «será una realidad».
Santana ha detallado en comisión parlamentaria, a preguntas de la diputada nacionalista Cristina Valido, que el catálogo ya pasó por cabildos y ayuntamientos, que lo han aprobado por unanimidad, con lo que queda un último paso: trasladarlo al Consejo Consultivo por la vía de urgencia.
Ha subrayado que una de las prioridades de su área ha sido que el catálogo «viera la luz» en la décima legislatura, que toca a su fin, pues «no queríamos que sucediera lo de la anterior ley, de 1987» en la que «nunca se desarrolló un catálogo».
La consejera ha indicado que ha habido un largo proceso de consultas con todas las administraciones y entidades del tercer sector, en la búsqueda del «mayor consenso posible», y que el fin ha sido «significativo», pues el Consejo General de Políticas Sociales lo aprobó por mayoría y sin ningún voto en contra.
Ha explicado que el proyecto de decreto para la aprobación del catálogo preveía una ficha financiera de en torno a 1.800 millones de euros para seis años, pero, a petición de la Consejería de Hacienda, se pidió duplicar dicho periodo, a lo que su departamento ha accedido siempre que haya un incremento anual de 55 millones.
Cristina Valido, del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI), ha hecho hincapié en que el catálogo sigue sin haberse aprobado a pesar de haberlo «celebrado» el Gobierno en el pleno del Parlamento, pues ha insistido en que «sin ficha financiera no hay catálogo».
Tras escuchar las explicaciones de la consejera le ha pedido «una copia», en la que se refleje de forma pormenorizada «el coste de cada uno de los servicios y prestaciones» que deberán asumir los ayuntamientos, para poder hacer un análisis «con conocimiento de causa».
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