Canarias incrementa un 35,3% en un año el número de prestaciones por dependencia

Los informes estadísticos que están a disposición ciudadana en la web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España (Imsserso) arrojan «nuevos datos que confirman la mejora de la situación del sistema de Dependencia en Canarias, aunque aún quedan muchas mejoras que implementar, que serán impulsadas por la próxima entrada en vigor del nuevo decreto», señala la Consejería en una nota de prensa. Así, en el mes de diciembre «Canarias fue la comunidad con la mayor mejora en la comparativa con el año anterior en el número de prestaciones otorgadas por el sistema, que aumenta en los últimos 12 meses en un 35,3%. Esto significa que, a 31 de diciembre de 2024, se otorgaban 62.165 prestaciones, 16.208 más que en el mismo mes de 2023», indica el comunicado.

La estadística también señala que un total de 52.503 personas tienen derceho en las islas a recibir una prestación económica o de servicios al tener reconocida su dependencia. Sin embargo, el limbo, que engloba a quienes teniendo derecho no reciben su prestación, aumentó en 1.652 personas en el último año hasta las 7.478.

El archipiélago, destaca el comunicado de Bienestar Social, «también es la región que más incrementa el ritmo de incorporaciones al sistema, un 20% en el último año. Solo en 2024 se grabaron 12.641 solicitudes» y serían más, dice la consejera, Candelaria Delgado, «si el propio ciudadano presenta la solicitud a través de la sede electrónica».

También en diciembre se redujo en seis días el tiempo de espera entre la solicitud y la recepción de la ayuda, y hoy se tarda 561 días. Cabe recordar que la ley establece un plazo de seis meses (180 días).

Según la consejería, este tiempo se espera recortar con el decreto, ya en fase final para su aprobación, que establece la simplificación de los trámites, de tal manera que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA). Hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distinto. «Hemos conseguido rebajar ocho meses el tiempo que se tomaba en la anterior legislatura para resolver cualquier expediente, de forma que hoy tardamos 561 días. El sistema monofásico nos permitirá acercarnos aún más a la media nacional, para que la ciudadanía pueda tener un sistema cada vez más efectivo con sus derechos», asegura la directora general Concepción Ramírez.

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