Foto de archivo de una concentración frente al Congreso de los Diputados de la asociación Derecho a Morir Dignamente pidiendo la ley de eutanasia. / EFE

113 sanitarios canarios, menos del 0,6%, se registran como objetores a la eutanasia

Cuatro personas, tres en Tenerife y una en Lanzarote, han recibido ayuda médica para morir en las islas desde la entrada en vigor de la ley

Teresa Artiles
TERESA ARTILES Las Palmas de Gran Canaria

Cuatro personas, una en Lanzarote y tres en Tenerife, han recibido ayuda médica para morir en Canarias desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia el pasado mes de junio. Tres tenían entre 50 y 60 años y una era septuagenaria.

La aplicación en el archipiélago de una de las leyes más importantes de esta legislatura está transcurriendo con normalidad una vez superadas las incertidumbres iniciales, destaca Elizabeth Hernández González, directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud (SCS). La norma, muy garantista, incluye la creación de un registro donde se inscribe el personal sanitario que no quiere participar en el proceso de una eutanasia. En las islas 113 profesionales de la sanidad pública y la privada, entre personal médico, de enfermería y farmacéuticos hospitalarios, se han declarado objetores de conciencia, lo que supone menos del 0,6% del conjunto de estas categorías. Esta lista gestionada por el SCS es confidencial y de acceso restringido, para uso exclusivo de los directivos hospitalarios con el objetivo de llevar una correcta gestión del derecho de la ayuda para morir.

«Es un porcentaje bajo y el registro está abierto siempre para entrar, salir de él o pensárselo. Creo que al principio había más incertidumbre, pero ahora se va viendo cómo se desarrolla, nuestros profesionales sienten que tienen libertad absoluta para decidir si objetan o no. Y creo que esto habla también de la madurez como organización sanitaria que van teniendo nuestros profesionales, que han estado más que a la altura, siguiendo el proceso con rigor, seriedad y sensibilidad», añade González, para quien la clave es seguir escrupulosamente los pasos que marca la ley y apoyar a los profesionales que asuman un caso para que se sientan seguros.

La primera eutanasia que se aplicó en Canarias se realizó el pasado mes de septiembre y la última recientemente. A este derecho se pueden acoger las personas mayores de edad que padezcan una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante que cause «un sufrimiento físico o psíquico intolerable» sin posibilidad de curación o mejoría. En el caso de que el paciente no se encuentre en el pleno uso de sus facultades ni pueda prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente debe haber suscrito con anterioridad un documento de instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos.

«En general, casi todas las solicitudes son lo que teníamos previsto, personas con enfermedades neurodegenerativas graves, que producen una limitación absoluta de la autonomía, y también alguna situación oncológica terminal», señala la responsable de Programas Asistenciales. «Cada caso es un mundo, detrás de cada situación hay un contexto social, familiar y por supuesto clínico que hay que analizar y llevar con mucha delicadeza y también genera a nuestros profesionales situaciones ambivalentes en algunas ocasiones; por eso hay que buscar poco a poco esa ayuda dando formación a nuestros profesionales, pero nuestra valoración hasta ahora es muy positiva», añade.

Tres de las cuatro personas que han recibido su derecho a la eutanasia han muerto en un hospital y la cuarta en su casa, decisión que normalmente toman el paciente y su familia tras valorar la situación. Pero para llegar a ese momento hay que pasar un escrupuloso camino estipulado en la ley en el que tiene la última palabra, aprobando o rechazando la solicitud, la Comisión de Garantías y Evaluación, un órgano formado por cinco profesionales de la medicina, dos de la enfermería y cinco juristas, que además tienen ya personas sustitutas designadas para que el proceso nunca se frene.

Por dos veces

Las personas que pidan ayuda para morir deben formular dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días entre ambas, pudiendo revocar su solicitud en cualquier momento o pedir aplazarla. Una vez recibida la petición, el médico responsable realiza con el paciente un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, hecho que se repetirá tras la segunda solicitud. Tras ese proceso se vuelve a preguntar a la persona si desea desistir o continuar con su solicitud. El médico responsable debe consultar entonces el caso con un médico consultor, que tiene diez días para corroborar el cumplimiento de las condiciones. Si la solicitud se ajusta a la ley, pasa a la comisión de garantía y evaluación, que toma la decisión final. Si se rechaza, la persona afectada siempre puede recurrir a los tribunales.

«No hay nada mejor que dar tiempo a que las cosas se puedan ir aplicando para ir también perdiendo las incertidumbres, los miedos que se generan tanto de cara al paciente que lo solicita y su familia hasta a la propia organización de nuestros servicios hospitalarios y a la formación que tenemos los sanitarios, y haciendo las cosas con rigor y cumpliendo de forma escrupulosa lo que dice la ley se va dando la oportunidad a que las personas que cumplan los requisitos puedan acceder a esta prestación del sistema sanitario, y nosotros tenemos que organizarlo para dar respuesta y velar por que sea así», resume González.

En estudio y rechazadas

En Canarias se han aceptado y practicado ya cuatro eutanasias, pero hay solicitudes que están en estudio y otras que han sido rechazadas. «Es cierto que hay casos de pacientes concretos que aunque el médico responsable y el consultor al analizar toda la situación llegan a la conclusión que no cumple los requisitos para una eutanasia, esa información se pasa al comité de garantías y evaluación que vuelve a revisarlo todo y si no se cumple lo que dice la ley se emite una resolución no favorable», explica la directora general de Programas Asistenciales del SCS. Esta delicada decisión «se explica siempre a la persona que lo ha solicitado, diciéndole que tiene el derecho de recurrir a los tribunales», añade Elizabeth Hernández González, para quien «lo importante es se cumpla cada paso del procedimiento y se explique». Hay casos que cumplen todos los requisitos para tener el derecho a la eutanasia, otros requieren estudios más en profundidad porque surgen dudas y algunos «está claro desde el principio que la persona solicitante no está dentro de lo que señala la ley». Además de lo previsto, enfermedades neurodegenerativas graves con una limitación absoluta de la autonomía o alguna persona con un cáncer terminal, «hay muchas patologías que hay que analizar mucho más detenidamente y que pueden no adecuarse a recibir esta prestación», concluye la responsable del SCS.