Media España, en la fase final de la desescalada

Cada vez se detectan menos contagios y los repuntes de la última semana han sido controlados con celeridad por los sistemas de detección precoz. Con esos precedentes, el Gobierno ha autorizado todos los cambios de fase solicitados, incluido el de las provincias andaluzas de Málaga y Granada que, de forma excepcional, sólo han permanecido una semana en la fase 2, a la que se incorporaron con retraso.

Pese a la evolución positiva de la epidemia, con 177 contagios consignados este viernes, las autoridades sanitarias insisten en mantener la tensión y la cautela y advierten de que los sucesivos cambios de fases en puertas del verano no deben inducir a la relajación.

El Ministerio de Sanidad ha accedido a todas las peticiones de cambio de fase, a las que únicamente no se ha sumado la Comunidad Valenciana, que seguirá una semana más en la 2, en la que decidió permanecer tras detectar un aumento de los contagios, lo mismo que ha hecho ahora Ceuta y que hizo hace siete días la provincia de Lleida.

De este modo, doce autonomías en su totalidad (Galicia, La Rioja, País Vasco, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, Baleares, Andalucía, Canarias y Mellilla), las provincias castellanomanchegas de Cuenca y Guadalajara y las regiones sanitarias catalanas del Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre y Camp de Tarragona llegan a la fase 3.

Esa última fase la esperan completar el día 14 las islas canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa y la balear de Formentera, que entrarían entonces en la denominada "nueva normalidad", en la que casi todas las actividades estarán ya permitidas, si bien con muchas limitaciones de accesos y aforos y la obligatoriedad de mantener la distancia personal y de protegerse con mascarillas cuando no se pueda mantener esa distancia.

No obstante, desde la entrada en la fase 3 serán los gobiernos autonómicos los que gestionarán la desescalada y, por tanto, los que deberán decidir cuando la culminan y cómo será la movilidad de las personas más allá de los límites de la provincia, es decir, si pueden viajar dentro de la comunidad, como plantean Andalucía, Extremadura o Aragón, o incluso si lo pueden hacer a comunidades vecinas o a zonas fronterizas, como pretenden el País Vasco y Galicia.

En cualquier caso, la movilidad hasta el 21 de junio, en que estará en vigor la sexta y última prórroga del estado de alarma, seguirá siendo competencia del Gobierno central, que ya ha adelantado que cada Gobierno autonómico podrá plantear sus demandas para decidir al respecto, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.

Más restricciones deberán mantener Madrid y Barcelona y su área metropolitana, que avanzarán el lunes, junto a Castilla y León (excepto la comarca de El Bierzo que ya pasó la semana pasada) a la fase 2, donde seguirán, además de la Comunidad Valenciana, Ceuta, Lleida, Toledo, Albacete y Ciudad Real.

En las dos grandes áreas urbanas del país y en las capitales castellanoleonesas podrán abrir los centros comerciales, los bares y restaurantes, con las correspondientes limitaciones de aforo, que podrán incrementar otro tipo de establecimientos y lugares al aire libre para actividades culturales y recreativas, al igual que podrán ser más numerosas las reuniones de personas.

Pero Madrid y Barcelona, las zonas más castigadas por la epidemia, se mantienen en el foco de atención principal. Son las que acaparan la mayoría de los contagios diarios, como los de este viernes, con 94 de los 177 consignados registrados en Madrid, aunque el total se eleva en 318 hasta los 240.978, en otro giro de la rectificación sin fin de las series.

En busca de datos que permitan observar la evolución de la epidemia sin las correcciones pendientes de por medio, este viernes se contabilizaban 1.401 positivos menos en los últimos 14 días que hace una semana, lo que indica que cada vez se reducen más los contagios, pese al aumento de los controles de los casos sospechosos.

El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado que en la última semana se han detectado 57.372 casos sospechosos, 32.954 en atención primaria y el resto (24.418) en hospitales, con una incidencia de pruebas diagnósticas del 86 y el 90 por ciento, respectivamente. Simón ha subrayado que, a partir del seguimiento de los casos diagnosticados, se ha detectado que solo un 8% de los contactos ha desarrollado síntomas de la covid-19.

Otro asunto son las muertes, con la serie histórica "congelada" en 27.134, después de la eliminación, por duplicaciones o errores, de cerca de 2.000 fallecimientos el pasado día 25 y a la espera de que se haga pública la revisión global de unos datos que en su exposición diaria sólo hacen que alimentar las dudas. Este viernes se ha informado de un muerto con fecha de defunción de ayer y 52 en los últimos siete días.

También se está a la espera de que se dé a conocer uno de los datos que marcarán como pocos la dimensión trágica de esta epidemia: las defunciones en las residencias de ancianos que, según cálculos oficiosos, podrían llegar hasta las 20.000.

Precisamente, la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid, donde se calcula que han muerto más de 6.000 personas, llegará al Supremo después de que un juzgado de instrucción de la capital haya elevado al alto tribunal una querella presentada contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por un grupo de familiares de fallecidos, un asunto que continúa agrietando la relación de los dos socios de gobierno.

El centro del debate sigue siendo la instrucción del Ejecutivo regional para no derivar pacientes de las residencias a centros hospitalarios, y las diferentes versiones sobre ella que se han dado, desde que era un borrador hasta admitir que se envió por error.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), ha acusado de "fariseísmo político" al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), que duda de la legalidad de la orden, tras publicarse dos correos en los que este último advertía de que muchas personas fallecerían de forma "indigna".