La Fiscalía archiva la denuncia de los médicos de Urgencias del Insular

09/07/2019

El Ministerio Público concluye que «no se advierte un funcionamiento anormal del servicio que permita iniciar acciones colectivas en defensa de la salud de los pacientes afectados», tras analizar la documentación presentada por los profesionales y la Consejería de Sanidad

La Sección de lo Civil y Protección de Personas con Discapacidad y Provisión de Apoyos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha archivado la denuncia presentada por 23 de los 26 médicos del servicio de Urgencias del hospital universitario Insular de Gran Canaria en la que argumentaban un «colapso y caos asistencial» que estaba derivando en «amenazas» por parte de la población en este área de especial relevancia y el aumento de afluencia de pacientes con perfil sociosanitario.

La delegada de esta sección en el Ministerio Público, Rosa Rubio, ha notificado su decisión de archivar el expediente al «no advertirse un funcionamiento anormal del ser vicio de Urgencias que permita iniciar al Ministerio Fiscal acciones colectivas en defensa de la salud de los pacientes afectados, sin perjuicio de acciones propias que puedan utilizar pacientes que consideren se hayan visto afectados por la mal funcionamiento de la administración», alude textualmente.

Desidia «inaguantable»

Los 23 médicos que conforman el equipo médico –exceptuando los responsables de las jefaturas de servicio y sección– acudieron al Ministerio Público a mediados de abril para denunciar el «inaguantable» desbordamiento asistencial y la «desidia e inoperancia» de la administración sanitaria para resolver una situación que, según señalan los profesionales, sufren desde hace muchos años debido al incremento del número de urgencias, en el mismo espacio físico de trabajo, sin que haya habido un aumento del personal facultativo en manera proporcional lo que «conlleva el colapso de nuestras instalaciones».

Rubio recibió toda la documentación presentada por los profesionales sanitarios y, tras analizarla con detalle, inició las diligencias informativas civiles que corresponden en este tipo de asuntos. En este sentido, la primera acción del Ministerio Fiscal fue solicitar información a la Consejería de Sanidad sobre la situación y las medidas tomadas o que se prevén tomar para impedir ese presunto colapso al que aluden los denunciantes.

La denuncia que presentaron los profesionales sanitarios ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas el pasado 15 de abril era, según apuntaron los médicos, consecuencia de «una campaña en redes sociales por parte de la población» en las que se incitaba a la «agresión y a la denuncia» al personal sanitario «porque se nos responsabilizan como copartícipes del desbordamiento asistencial» que sufre el servicio debido a la «mala gestión de los dirigentes sanitarios que ha provocado la sobresaturación y hacinamiento de pacientes con el peligro que ello supone».

Respuesta

La Consejería de Sanidad del Gobierno canario entregó, por su parte, a principios de junio a la fiscalía un informe pormenorizado de 16 páginas en el que explicaba no solo la situación del servicio sino además, su desconocimiento del «malestar» de los profesionales hasta la presentación de su denuncia, así como la inversión de 2,7 millones de euros en mejoras de las infraestructuras, dotación de recursos humanos y materiales, la disminución de la media de Urgencias atendidas como la actividad asistencial o el aumento de los pacientes con problemas sociales, entre otros aspectos.

Con las pruebas que recabó la Fiscalía Provincial de Las Palmas, pudo determinar la inexistencia de alguna responsabilidad civil por un supuesto mal funcionamiento de la administración sanitaria y «hasta donde llegan sus competencias «no se percibe alguna».