Que las mujeres elijan cómo parir «es aplicar la ley de autonomía del paciente»
La sentencia que condena al SCS por violencia obstétrica al prolongar un parto sin ofrecer a la madre una cesárea pone el acento en la decisión de la mujer
La pionera sentencia que reconoce el «derecho fundamental» de la mujer a elegir entre un parto vaginal o una cesárea que ha dictado un juzgado de la capital grancanaria «pone de manifiesto algo que sabíamos, pero teníamos en segundo plano» y es que el que las embarazadas elijan cómo parir «es aplicar la ley de autonomía del paciente». Así se expresó ayer la matrona y vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas (CELP) Julia Jeppesen, quien reconoce que en obstetricia ha existido «un talante muy paternalista».
De hecho, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) se mostró ayer en «total desacuerdo» con la sentencia, que se pronuncia en contra del criterio que defendió el Servicio Canario de Salud (SCS) de que la decisión entre parto natural y cesárea le corresponde al profesional médico. «La decisión final no es del facultativo sino de la paciente, bajo su responsabilidad, una vez correctamente informada de su situación y de las alternativas existentes», escribe el magistrado Ángel Teba García, de Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.5.
«Los obstetras tienen que actuar siempre basándose en las Guías de Asistencia práctica de esta sociedad y no en las preferencias de la paciente, que sí serán tenidas en cuenta en la medida que sea posible. La decisión de la vía del parto será responsabilidad del obstetra y la decisión de realizar una cesárea se hará solamente cuando está correctamente indicada, no a petición de la paciente», señala la SEGO.
Para Jeppesen, hay que centrarse en «proporcionar los conocimientos necesarios para informar a las pacientes. El problema es la decisión desinformada», advierte. «Estando atendida y asesorada por un profesional sanitario, informada, la mujer siempre va a tomar la mejor decisión para ella y su bebé. Esta información empodera a las mujeres y usuarios y nos situa a los sanitarios en un rol de informar de forma correcta y actualizada para que ellas se responsabilicen», añade la matrona.
Frente a quienes defienden que debe ser el personal de obstetricia quien decida, Julia Jeppesen reconoce que la plantilla sanitaria «tiene la formación que nos capacita en unas competencias para nuestro trabajo. Pero es la mujer, con la información que le facilitamos, la persona más adecuada para tomar las decisiones importantes o relevantes para ella. Cada una de nosotras tiene una situación personal distinta. No vamos a tomar las mismas decisiones. Lo que deja patente la sentencia es que tenemos que dar la mejor información».
Recomendaciones de la OMS
En este sentido la enfermera recuerda que hay una recomendación de la OMS que pauta que la tasa de cesáreas no debería superar entre el 10 y el 15% de los nacimientos, la episiotomía -el corte entre la abertura vaginal y el ano el 10%, ... Son recomendaciones para salvaguardar la mejor calidad de vida de las mujeres» y se mostró segura de que con información «las cesáreas van a estar dentro porcentaje» porque «el parto vaginal es lo más favorecedor para ella y los bebes. Tienen menos morbi-mortalidad, y además es mejor para el bebé porque al pasar por el canal del parto se impregna por la microbiota y estos van a tener menos posibilidades de padecer diabetes, hipertensión u obesidad en la etapa adulta».
«Violencia obstetricia»
Por su parte, Lucy lo Cascio, responsable del grupo local en Tenerife de El Parto es Nuestro, se congratula de que la sentencia habla abiertamente de «violencia obstetricia». En el ámbito sanitario, afirma, «aún hay mucha reticencia a que se utilice ese término, pero no existe otro para describir la realidad que estamos pasando. No hay que tomarlo como una ofensiva al sector sanitario. En lugar de preocuparnos por si nos gusta o no el término, la cuestión es que existe y las mujeres están sintiendo que sus partos no son suyos».
Lo Cascio también cree que una mujer bien informada por parte del personal sanitario «no querrá una cesárea, pero a veces sucede que una no puede parir vaginalmente a no se le ha dado información, no se le consultó durante el proceso».
La sentencia no es firme, se puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Fuentes del SCS señalaron ayer que no habían recibido el fallo, por lo que no podían señalar si recurrirá.
