Federación Salud Mental Canarias alerta de «indefensión» entre los pacientes y urge a aprobar una ley autonómica

Acosta ha insistido en que la vulneración de derechos es «sistemática y estructural» pues se sufre de aislamiento, medicación forzosa o sujeciones mecánicas y químicas que acaban en situaciones de «abuso», hasta el punto de que algunos organismos lo describen como «formas de tortura».

Ha advertido también de que se enfrentan a «obstáculos sociales y laborales» pues sufren muchos «prejuicios, discriminación y estigma», de tal forma que se les dificulta el «pleno acceso» a su condición de ciudadanía.

Además ha lamentado la «discriminación por partida doble» de las mujeres y el colectivo LGTBI que les condena a más «pobreza, soledad y singoharismo».

Desde la federación insisten en «poner en el centro» a las personas, subrayando que «queda camino por recorrer» y que se vive un «momento histórico» tras la pandemia, que marcó «un antes y un después» en la mirada sobre estas patologías. «Ninguna persona está a salvo de que su vida se tambalee», ha agregado.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha defendido el «compromiso» de la Cámara con la salud mental porque «es un problema de todos que afecta a toda la sociedad», ya que la enfermedad mental «tiene tantas caras como personas, no tiene edad, ni sexo, ni condición social, no es algo que se elija».

Ha citado informes de Unicef que recogen que el 20% de los adolescentes tiene problemas mentales en España o el 15% tiene síntomas graves, como la depresión, y en el caso concreto de Canarias, cada año 67.000 personas son atendidas en servicios sanitarios y una de cada cuatro personas está en riesgo de trastorno mental.

En esa línea ha apuntado que «cuidar la salud es un trabajo de todos» ya que «nadie está exento de padecer problemas de salud mental», de ahí que deba tratarse como «un derecho universal».