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El anteproyecto del Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud no solo no ha colmado las expectativas de los médicos sino que los ha puesto en pie de guerra por la pretensión del Ministerio de Sanidad de exigir a todos los cargos de responsabilidad de hospitales y centros de salud dedicación exclusiva al sistema público.
De hecho, desde el Sindicato Médico Canario (CESM Canarias), el nuevo documento se interpreta como «un desprecio inadmisible y un insulto» a los profesionales de la medicina, por lo que han propuesto a la Confederación Española de Sindicatos Médicos la convocatoria de una huelga.
Esta propuesta se estudiará este jueves en una reunión de urgente de los sindicatos médicos del territorio nacional, según explicó el presidente del Sindicato Médico Canario, Eric Álvarez.
En opinión del dirigente sindical, los médicos, por la naturaleza de su trabajo, evitan a toda costa la huelga, lo que facilita que la administración «se tome el lujo de maltratarnos» con un documento que excluye las demandas planteadas desde hace tiempo, como la creación de un estatuto marco específico para los médicos o un apartado específico, la regulación de las horas extraordinarias, peor remuneradas que las de la jornada ordinaria y gravadas fiscalmente de igual modo o la creación de una nueva categoría que distinga a los médicos de otros sanitarios de la categoría A1 que han obtenido su titulación con menos créditos y años de formación.
A estas demandas no contempladas, además, se suma la pretensión de prohibir a los jefes de servicio del sistema sanitario de salud la posibilidad de trabajar en la sanidad privada.
Álvarez asegura que, actualmente, la legislación impide a los gerentes y directivos de la sanidad pública trabajar en la privada. En este sentido, cabe destacar que desde la Consejería canaria de Sanidad se asegura que ningún directivo ni gerente del Servicio Canario de la Salud (SCS) compatibiliza actualmente su actividad con un trabajo en el ámbito privado del sector sanitario.
«La normativa ya existe. Lo que se hace con este anteproyecto es estrangular más esa norma», dice.
Según Álvarez, lo que busca la medida es paliar el déficit de profesionales de la sanidad pública y, sin embargo, vaticina que tendrá el efecto contrario. «Van a conseguir que menos gente opte por la medicina pública y se vaya a Europa o a la privada. La obligatoriedad de trabajar solo en la pública provocará una estampida», sostiene el médico que entiende que, en muchos casos, los profesionales se sienten más valorados en este sector.
En similares términos se expresa el presidente de la Asociación Canaria para la Defensa de la Sanidad Pública, Guillermo de la Barreda, quien recuerda que la prohibición para altos cargos y directivos del SCS de trabajar en el sector privado sanitario está recogida en el decreto 44/1985 por el que el Gobierno canario aplica la Ley de incompatibilidades al servicio de las administraciones públicas.
«En España, el gran problema que hay es que los sueldos de los médicos son de los más bajos de la Unión Europea y en Canarias, de los más bajos de España», explica De la Barrera que cree que la exigencia de exclusividad debería estar acompañada de una remuneración adecuada.
De lo contrario, dice, los profesionales optarán por dejar el sistema público de salud donde la sobrecarga de trabajo es mayor. «La sanidad privada tiene una carga menor que la pública, el desgaste es menor», comenta De la Barreda que entiende que, si no mejoran las remuneraciones, los profesionales seguirán complentado sus salarios en la privada.
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