El Constitucional estudia a partir del martes si declara ilegal el segundo estado de alarma

El pleno sigue muy fracturado ante la ponencia que apunta que el Gobierno eludió el control parlamentario y cedió a las autonomías competencias que no debía

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid

El Tribunal Constitucional estudiará en el pleno que comienza este martes si declara ilegal el segundo estado de alarma. A pesar de que el presidente de la corte, Juan José González Rivas, aplazó el debate que debía haber comenzado en septiembre a la vista de la división interna en el pleno, las posiciones en ambos bandos apenas han cambiado en las últimas semanas y los frentes siguen en «posiciones irreconciliables» ante la ponencia que apunta que el Gobierno eludió el control parlamentario y cedió a las autonomías competencias que no debía.

A estas alturas, explican fuentes cercanas al tribunal, González Rivas ni su entorno más cercano se llaman a engaño: el consenso no solo va a ser imposible, sino que todo apunta a que habrá bronca y división tal como ya ocurrió el pasado mes de julio cuando la corte (por seis votos a favor y cinco en contra) declaró ilegal el eje fundamental del primer estado de alarma: el confinamiento domiciliario.

La ponencia de la sentencia ha recaído en el magistrado Antonio Narváez, de afinidad conservadora, como también lo es Pedro González-Trevijano, redactor del fallo que tumbó el encierro domiciliario de 2020. Y el borrador de Narváez no se anda con rodeos. El estado de alarma de los pasados otoño, invierno y primavera excepción (que fue la que permitió a las comunidades establecer «a la carta» toques de queda, cierres perimetrales o limitaciones en las reuniones sociales durante la segunda, tercera y cuarta ola) fue ilegal porque el Gobierno hizo una interpretación contraria al espíritu de la Carta Magna de la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio para eludir el control periódico del Congreso cada quince días. Según Narváez el Ejecutivo de Sánchez también violó la legalidad al dejar en manos de las autonomías la aplicación de la estado de alarma (la conocida como «cogobernanza»), algo que no se contempla esa Ley Orgánica 4/1981.