Un familiar coge de la mano a una paciente con cuidados paliativos. / Reuters

El Comité de Bioética rechaza que la eutanasia se convierta en un derecho

El organismo consultivo gubernamental no considera ético el núcleo de la reforma legal que impulsan en el Congreso los partidos que sustentan al Ejecutivo

A. T. Madrid

El Comité de Bioética de España, el órgano asesor del Gobierno sobre las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud, ha emitido un informe que es prácticamente una enmienda a la totalidad al proyecto de legalización de la eutanasia que en este momento tramita el Congreso, a propuesta del PSOE, pero con el respaldo inicial de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y de la mayoría de la cámara.

El comité, por unanimidad de sus doce miembros, concluye que «existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una prestación pública», que es justo el núcleo de lo que persigue la reforma legal en marcha.

La proposición de ley socialista prevé despenalizar la ayuda a morir a personas en situaciones de salud extremas que así lo soliciten explícitamente y convertir la eutanasia en un «derecho individual» garantizado y ejecutado con los controles precisos por la sanidad pública. La eutanasia se contempla para pacientes con una enfermedad grave e incurable -con un pronóstico de vida limitado- y para las personas con una incapacidad grave crónica -que les impide valerse por sí mismos de manera permanente- siempre que, además, les produzca «sufrimientos físicos o psíquicos insoportables y constantes».

El documento del órgano asesor considera que «legalizar la eutanasia o el suicidio asistido supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos demuestra», y advierte que convertir esta práctica en un derecho «puede afectar al futuro de las personas vulnerables». Los asesores, a lo largo de 74 páginas, rechazan que lo que propone la reforma legal sea un avance social. «Ni la eutanasia ni el auxilio al suicidio son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización», indican.

Los expertos proponen dos vías como alternativas al derecho a la eutanasia. Por un lado, piden la universalización y la prestación real de los cuidados paliativos y de la existencia de medidas y recursos de apoyo sociosanitario para todos los enfermos crónicos e incurables y grandes discapacitados que los precisen, para que les eviten sufrimientos y mejoren su calidad de vida. Por otro, proponen la elaboración de un protocolo médico, que estudie con detenimiento caso por caso, para la aplicación de «sedación paliativa» a los casos extremos de «sufrimiento existencial refractario», para cuando una gravísima enfermedad provoca a la persona un dolor psicológico y existencial tan intenso e insoportable, no reconducible con fármacos u otros tratamientos, que le lleva a demandar la muerte de forma reiterada.

El varapalo del comité consultivo gubernamental se produce solo dos semanas después de que un centenar de personalidades de la vida pública española, entre los que figuran exministros, médicos, académicos y empresarios, dieran a conocer un manifiesto en el que hacen un llamamiento a la sociedad para detener la tramitación parlamentaria de la ley de eutanasia. Firmaron el manifiesto, entre otros, los exministros Marcelino Oreja, José Luis Corcuera y Alberto Ruiz Gallardón; el escritor Juan Manuel de Prada; y el exalcalde de La Coruña Francisco Vázquez.