Vacunación en una residencia de Alcalá de Henares (Madrid). / efe

Las residencias podrán cambiar de puesto a sus trabajadores antivacunas

Ministerio y comunidades acuerdan que estos empleados se sometan a dos pruebas de detección a la semana, pero no exigen su vacunación obligatoria

Álvaro Soto
ÁLVARO SOTO Madrid

Los trabajadores de residencias que no quieran vacunarse deberán someterse por lo menos a dos pruebas de detección de la covid-19 a la semana, tendrán controles de temperatura diarios y si sus superiores lo estiman oportuno, podrán ser cambiados de puesto de trabajo para no poner en riesgo a las personas que cuidan.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado en el Consejo Interterritorial de este miércoles endurecer las medidas en los centros de mayores para frenar el repunte de contagios detectado en las últimas semanas, pero no han llegado al extremo de exigir la vacunación obligatoria de estos empleados, como habían pedido cinco autonomías (Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia), que veían en los profesionales antivacunas del sector una de las causas de que el virus hubiera vuelto a entrar en estos recintos.

La ministra Carolina Darias solicitó la semana pasada a la Ponencia de Alertas, el órgano encargado de analizar las emergencias sanitarias en España, un análisis sobre la situación de los centros de mayores tras constatar que el número de fallecidos y de contagiados se ha multiplicado en el último mes y este órgano ha trasladado un documento, publicado este miércoles, que busca acabar con cualquier atisbo de relajación sobre las medidas sanitarias en las residencias después de la vacunación.

Así, los expertos abren la puerta a que en situaciones de alta transmisión comunitaria como la actual, las autoridades sanitarias realicen pruebas diagnósticas a los residentes vacunados a la salida o la reentrada en el centro «tras ausencias prolongadas». Por su parte, a los no vacunados, un grupo mínimo entre los mayores, se les aislará de forma preventiva y se les realizará una prueba ante cualquier síntoma sospechoso de covid. En cambio, los especialistas del ministerio no recomiendan llevar a cabo cribados periódicos en los residentes ni realizar análisis serológicos que traten de comprobar si las vacunas han sido efectivas en una persona determinada o en un grupo.

El protocolo por la aparición de un caso se mantiene como hasta ahora: se aislará al positivo, se localizará a sus contactos estrechos, se realizará una sectorización en unidades de convivencia estables que faciliten el desarrollo de las prestaciones residenciales y a la vez, la búsqueda de posibles contagios y finalmente, se protegerá de forma especial a los residentes no vacunados trasladándolos a habitaciones individuales.

Visitantes

El documento de la Ponencia de Alertas también pone el foco en los visitantes, otra vía de entrada del virus en los geriátricos, y recuerda a los familiares que deben seguir manteniendo las medidas de higiene y prevención de toda la pandemia (mascarilla, distancia y lavado de manos) porque «aunque existe un riesgo significativamente menor de padecer covid-19 después de la vacunación», esta posibilidad «no desaparece por completo ya que la vacuna no garantiza una protección total a todas las personas vacunadas».

Eso sí, el ministerio mantiene el régimen de visitas y salidas de los residentes que no están en aislamiento o cuarentena, aunque «podrán adaptarse» a la situación epidemiológica de la comunidad y «a la estructura de cada centro». Además, Sanidad aconseja continuar con las actividades grupales y el uso de las zonas comunes en el interior de las residencias siempre que se mantengan las medidas de seguridad e higiene.

Pese a que algunas comunidades insisten desde hace semanas en reclamar la vacunación obligatoria de los trabajadores sociosanitarios, como han establecido Francia e Italia, entre otros países, el ministerio ha evitado apoyar esta idea después de que el Tribunal Constitucional sentenciara, el 23 de julio, que no se puede forzar a nadie a recibir los pinchazos. Pero con el documento aprobado este miércoles, avala cualquier otra medida que tomen las autonomías para proteger a los residentes, y ofrece un argumento sanitario, la escalada de los contagios en la quinta ola, al que pueden acogerse los jueces en caso de que algún trabajador que sufra un cambio de puesto en los centros de mayores decida denunciar su situación.

De esta forma, el texto del departamento de Carolina Darias da vía libre a que «los responsables de Salud Pública» de las comunidades puedan adoptar «todas las actuaciones» previstas en el documento «en base a la situación epidemiológica de cada territorio y a una valoración específica del riesgo basada tanto en los indicadores epidemiológicos como en las condiciones de los centros evaluados».

Aunque el panorama en los centros de mayores es completamente diferente al vivido en la primavera del año pasado gracias a la vacunación prioritaria y masiva del colectivo, las alarmas se han vuelto a encender en las residencias al pasar en tres semanas de no registrar ningún fallecimiento (entre el 28 de junio y el 5 de julio) a contabilizar 72 (entre el 19 y el 26 de julio, último informe disponible), según los datos del Imserso. En el mismo sentido, los contagios se han multiplicado por nueve en menos de un mes (139 positivos en la primera semana de julio y 1.272 entre el 19 y el 26 de ese mes).