48 denuncias contra el Gobierno por su gestión de la epidemia

El Gobierno acumula casi medio centenar de acciones penales en el Tribunal Supremo por su gestión de la pandemia, en concreto 30 denuncias y 18 querellas.

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO / MADRID

Estas parten de acusaciones de abogados particulares, afectados por la covid-19, sindicatos de funcionarios, policías, médicos o enfermeros, un partido político, un colectivo ultra o ciudadanos particulares, y por delitos como homicidio por imprudencia, malos tratos o denegación de auxilio. Sin embargo, la tónica general es que estas están siendo archivadas.

Hasta el momento, la única jueza que abrió una investigación fue la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, en la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, alque se acusaba de prevariación por permitir la marcha del 8-M en la capital del país, aunque también acabo archivada. Este proceso tuvo un marcado tinte político por el informe que elaboraron los expertos de la Guardia Civil y que, a la postre, provocaron el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por «no informar de las investigaciones» al Ministerio de Interior.

La Abogacía del Estado, por su parte, cree que se está fraguando una «causa general» contra la gestión de la crisis sanitaria realizada desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno, y afirma que la Policía Judicial «se extralimitó» al pedir documentación al centro que dirige Fernando Simón sin que se lo ordenara la jueza.

Sin embargo, algunos magistrados del alto tribunal creen que no será necesario precisamente iniciar una causa general que agrupe todas estas acciones penales. Por el momento, se está estudiando cómo organizar y acumular todo este material antes de concluir si existen indicios que permitan abrir una investigación penal.

Fianza

Es precisamente la diferencia entre unas acusaciones y otras es la que está ocupando estos días la labor del Supremo ya que mientras que las denuncias pueden ser presentadas directamente para informe a la Fiscalía, al igual que las querellas que impulsan acusaciones particulares, las que son presentadas por asociaciones requieren más trámites. Sus representantes deben presentar poder y se les impone una fianza, que suele ser por norma general de 12.000 euros.