Pide la libertad de cuatro presos por el coronavirus

Además, esta situación absolutamente excepcional que ha provocado la epidemia de Covid-19, con los plazos procesales suspendidos, supone un menoscabo de los derechos fundamentales de sus defendidos.

Mohamed interesa que las correspondientes autoridades judiciales tengan en consideración la resolución dictada por el Consejo de Europa del pasado 20 de marzo de 2020, sobre la Declaración de principios relativo al tratamiento de personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (Covid-19). Dicho texto establece en su principio quinto que, si bien reconoce el claro imperativo de tomar “medidas firmes” para combatir el Covid-19, el órgano europeo recuerda “a todos los actores la naturaleza absoluta de la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. Las medidas de protección nunca deben dar lugar a un trato inhumano o degradante de las personas privadas de libertad”. En opinión del Consejo de Europa, los “siguientes principios deben ser aplicados por todas las autoridades relevantes responsables de las personas privadas de libertad dentro del área” de acción de este organismo.

Además, el abogado penalista incide en la resolución dictada por el organismo europeo que indica “que el contacto personal cercano fomenta la propagación del virus”, por lo que “las autoridades relevantes deben hacer esfuerzos concertados para recurrir a alternativas a la privación de libertad”. Tal enfoque “es imperativo, en particular, en situaciones de hacinamiento”, añadiendo que “las autoridades deberían hacer un mayor uso de alternativas a la detención preventiva” como pueden ser, propone, “la conmutación de sentencias, la libertad anticipada y la libertad condicional; reevaluar la necesidad de continuar la colocación involuntaria de pacientes psiquiátricos; dar de alta o liberar a la atención comunitaria, cuando corresponda, residentes de hogares de asistencia social; y abstenerse, en la mayor medida posible, de detener a los migrantes”.

En el resto del país, otros letrados han pedido también la libertad provisional para sus clientes. Recientemente, la Audiencia Nacional afrontó las solicitudes de conocidos imputados en prisión preventiva, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado de ser el cabecilla de una macrotrama de corrupción policial, y de condenados como Luis Bárcenas, extesorero del PP, y su compañero de partido, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, ambos sentenciados en el caso Gürtel. Hasta ahora, la Audiencia Nacional ha rechazado todas.

En el sentido contrario, una jueza de Sevilla sí admitió excarcelar a presos por la crisis del coronavirus. Se trata de la magistrada Pilar Ordóñez, titular del Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla, quien el pasado 17 de marzo dictó un auto en el que decretaba la salida de prisión de José Marín Ponce y su hijo Sandro Marín, los dos principales implicados en el caso Magrudis, la empresa que causó en 2019 el mayor brote de listeriosis de España. Según argumentó en su escrito, el riesgo de fuga había “disminuido” debido a la declaración del estado de alarma, que "limita la libertad de circulación”, según apostilló, parte delos mismos argumentos que también utiliza el letrado Rachid Mohamed con los presos clientes suyos en Canarias.

Por otra parte, el Hospital de Alicante confirmó este lunes que el funcionario de prisiones de segunda actividad destinado en la cárcel de Fontcalent fallecido el domingo fue por coronavirus, lo que supone la segunda muerte en el ámbito penitenciario tras el fallecimiento, la semana pasada, de una reclusa de 78 años.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias indicaron que, tras la muestra tomada al funcionario fallecido en su domicilio, situado en las instalaciones de la propia cárcel de Fontcalent, el hospital confirmó el positivo por coronavirus.

Se trata del primer funcionario de prisiones muerto por la enfermedad, un trabajador de unos 60 años que estaba en segunda actividad con jornada reducida en labores administrativas en las oficinas, por lo que no trabajaba en el interior del recinto con reclusos, y además contaba con patologías previas.

En el ámbito penitenciario se trata de la segunda muerte por Covid-19 tras fallecer el pasado martes en el hospital de Arganda del Rey (Madrid) una presa de 78 años con patologías previas, quien había llegado cuatro días antes desde la cárcel de Estremera, también en Madrid, donde estaba ingresada.

Además, Instituciones Penitenciarias informó de que en la actualidad hay 87 casos positivos en las cárceles, de los cuales 81 son trabajadores de centros y seis son internos.