Las órdenes de protección por violencia de género caen un 6,5 % en 2024 en España
Canarias presenta uno de los porcentajes más altos de concesión, con un 76,7 %, frente al 67,4 % de media estatal
Efe
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 19 de abril 2025, 12:25
Durante el año 2024 se concedieron 33.247 órdenes de protección para víctimas de violencia de género en España, lo que supone un 6,5 % menos que el año anterior, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Esta disminución se ha registrado en todas las comunidades autónomas.
En total, el pasado año se presentaron 199.094 denuncias por violencia de género, de las cuales se solicitaron órdenes de protección en 49.268 casos. De ellas, fueron concedidas el 67,48 %, una tasa inferior al 69,9 % registrada en 2023. En Canarias, este porcentaje alcanzó el 76,7 %, situándose entre las comunidades con mayor índice de concesión.
En comparación con 2023, se pidieron un 3 % menos de órdenes de protección y se concedieron 2.314 menos. Este descenso en las solicitudes y concesiones preocupa a expertos del ámbito jurídico por su implicación en la protección de las víctimas.
Las órdenes de protección se adoptan mediante resolución judicial cuando existen indicios fundados de comisión de delitos y riesgo para la víctima. Estas pueden incluir medidas como la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación con la víctima, la suspensión del régimen de visitas o la retirada de la patria potestad, entre otras.
En cuanto a las diferencias territoriales, las comunidades con mayor porcentaje de concesión fueron Murcia (83,6 %), Baleares (80,28 %), Aragón (79,9 %), Comunitat Valenciana (78,3 %) y Navarra (78 %). En el extremo opuesto se encuentran Cataluña (49,6 %) y Madrid (46,26 %), aunque la primera ha mejorado su porcentaje respecto a 2023.
Organismos internacionales como el Grevio, grupo de expertos del Consejo de Europa encargado de supervisar el cumplimiento del Convenio de Estambul, han señalado la necesidad de investigar las causas de esta inequidad territorial en la aplicación de las medidas judiciales.
