El obispo de Canarias: «Matarse se puede matar el que quiera, abres el gas o te tiras por la Giralda»

«Ahora vienen con una ley que dice 'hago con mi vida lo que me da la gana' pero tienes que venir tú a matarme, tiene que venir el Estado a través de los médicos. Si usted me lo reivindica desde el individualismo radical, ¿cómo me reivindica usted la dimensión social? ¿Que yo tengo una obligación de matarlo? No. Matarse se puede matar todo el que quiera, es un poder que todos tenemos: abrimos el gas y nos quedamos dormiditos la mar de dulce, o te puedes tirar por la Giralda o a las vías del tren«, ha subrayado el obispo de Canarias.

Así lo ha indicado en un encuentro con la prensa este miércoles, en el marco de la Asamblea Plenaria que reúne esta semana en Madrid a los obispos españoles y, durante la cual, los prelados han analizado un informe acerca de la eutanasia y el testamento vital, para que los ciudadanos puedan dejar por escrito que no quieren que se les practique la eutanasia.

Por otro lado, Mazuelos ha criticado la propuesta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de reformar la ley del aborto para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno, y se ha preguntado si va a ser la propia ministra la que acuda a cuidar a la menor si tiene alguna complicación como «una perforación de útero».

«Es una barbaridad que una menor pueda abortar sin consultar. Y si después hay alguna complicación, ¿qué va a ir, la ministra al hospital a cuidarla?«, ha indicado. »¿Vale el consentimiento informado porque lo diga la Irene Montero?«, ha agregado.

Por otro lado, preguntado por la ley de infancia y los abusos, el obispo ha defendido que «la Iglesia lleva luchando años contra el abuso de menores«, que es »una lacra« y que »aquel que se demuestre que ha cometido abusos, que entre en la cárcel«, aunque también ha pedido respetar la presunción de inocencia.

En este sentido, se ha manifestado «en contra de que la ministra de Derechos Sociales (Ione Belarra) se meta con la Iglesia» -la acusó de ser «cómplice de la violencia sexual hacia los niños»- y, sin embargo, no protege, a su juicio, a «los niños que se pueden cambiar de sexo sin consultar con sus padres».