Activistas de la plataforma Derecho A Morir Dignamente celebran la entrada en vigor de la ley de eutanasia. / j. lizón / efe

Manual del buen morir

Con la eutanasia ya en marcha y sin datos oficiales, la Sociedad Española de Neurología redacta un documento para orientar a los médicos

Doménico Chiappe
DOMÉNICO CHIAPPE Madrid

Entre las personas que optan por adelantar el final de sus vidas están los que padecen cáncer, en primer lugar, seguidos de los que tienen enfermedades neurológicas, según los datos de los países donde es legal tanto la eutanasia como el suicidio asistido. En España, donde se permite desde este año, no hay cifras oficiales pero ya «ha cambiado la filosofía médica», asegura Francisco Escamilla, neurólogo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves y vocal de la Sociedad Española de Neurología (SEN), que ha publicado «un informe científico y técnico» sobre la eutanasia a partir de la experiencia y el debate en estos meses de implementación legal.

«En los países donde su práctica es legal afecta más a la especialidad oncológica y, con una tendencia creciente, a la neurología –afirma Escamilla-. Tarde o temprano nos vamos a enfrentar, seguro, a algún caso, incluso anualmente y algunas veces más, al tratar enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la demencia».

Siendo España el séptimo país en aprobar una ley de este tipo, y el cuarto de Europa, se han desarrollado protocolos, similares en la mayoría de comunidades autónomas, sobre cómo realizar la eutanasia, elegir y suministrar los fármacos, ayudar en el «suicidio asistido a nivel domiciliario, que pueden aplicar los familiares o el propio paciente». En algunas jurisdicciones se ha abierto un registro de objetores de conciencia para el suministro del fármaco, pero no para iniciar el proceso como médico responsable, indica Escamilla.

En algunos de los países donde existe la eutanasia, la mayoría de procedimientos se inicia en atención primaria. Los principales factores relacionados al deseo de adelantar la muerte son «el miedo a la agonía y a la asfixia, la falta de esperanza, el cansancio y la sensación de dependencia», indica el 'Manual básico sobre el final de la vida y la ley de la eutanasia'.

Con demencia «ligera o moderada» la mitad de los pacientes puede «tener alterada su capacidad de decidir»

En este informe, que recoge el punto de vista del profesional sanitario, se denuncia el «impacto emocional significativo» del especialista, al tener que «debatirse entre el deber de preservar la vida del paciente y el de aliviar un sufrimiento intolerable», pero defienden que no se deben ver «obligados a cruzar sus propios límites morales», dice el informe.

Frente a cierta incertidumbre en un servicio inédito que poco a poco avanza con opacidad, los neurólogos han redactado un manual donde estiman que, aunque «no se considera un acto médico» y «la ley está siendo muy debatida», supone «un alivio» para sus «pacientes graves e incurables».

«La función del médico implica curar, aliviar, paliar, pero también sabemos que puede ser una de las soluciones para el sufrimiento de los pacientes», explica Escamilla. «Implica un cambio de concepción, independientemente de otro tipo de matices y de inclinaciones individuales, como la religiosa. La eutanasia es otro derecho más que se le da a los pacientes».

Evaluar capacidades

Entre las dificultades que enfrentan los neurólogos está la de evaluar la capacidad de decidir de algunos pacientes, como los afectados con alzhéimer, por ejemplo. Incluso con sintomatología «ligera o moderada» la mitad de los pacientes puede «tener alterada su capacidad de decidir». Cuando ya está en fase avanzada, la imposibilidad de discernir con sabiduría llega a la totalidad. La ley estipula que deben tener capacidad para comprender información relevante, reconocer las consecuencias de los tratamientos, tener razonamiento comparativo acerca las distintas posibilidades terapéuticas y poder comunicar su decisión.

«En la demencia y en enfermedades psiquiátricas es difícil valorar la capacidad del enfermo, discernir si el deseo de muerte puede ser un síntoma más de la enfermedad y predecir el curso evolutivo. Estos pacientes son personas extremadamente vulnerables y la aplicación de la eutanasia debe someterse a una estrecha evaluación y valoración de los casos», advierte el documento.

En otras enfermedades neurológicas, como el ictus, o psiquiátricas, como la esquizofrenia y la depresión, la disminución mental oscila entre el 20% y el 50%. Los especialistas recomiendan que en la evaluación se tenga en cuenta el contexto y critica que el Ministerio de Sanidad haya desarrollado un test inservible para quienes sufren un «deterioro cerebral frontal».

«Aunque se haga con testigos, nos preocupa la capacidad del paciente para llevar a cabo un documento como las voluntades vitales anticipadas, que se hace delante de un funcionario», indica Escamilla. «La evaluación de la capacidad puede llegar a ser bastante compleja». Los neurólogos critican las «prisas» con que se puso en marcha la legislación y piden que se ofrezcan «cuidados paliativos ágiles» a quien esté interesado en la eutanasia, «siendo independiente uno de otro».