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Carlos Morán
Viernes, 10 de diciembre 2021, 16:53
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El juez Manuel Piñar, titular del juzgado de lo Penal 1 de Granada, ha desestimado la petición de libertad de Juana Rivas al considerar que «no está arrepentida» y es un «peligro» para sus hijos, según un auto (resolución motivada) que dictó el citado magistrado este jueves 9 de diciembre.
Por su parte, Carlos Aránguez, el abogado defensor de la procesada acusó a Piñar de apoyar su decisión en «mentiras» y, en un comunicado, anunció su intención de presentar una querella contra él.
Rivas fue condenada por sustracción de menores, ya que se escondió con sus hijos para no entregárselos a su padre, el ciudadano italiano Francesco Arcuri. No obstante, el Gobierno le concedió un indulto parcial. En este sentido, la condena se quedó en un año y tres meses de prisión, que debe cumplir en el Centro de Inserción Social (CIS) de Granada. La encausada está internada en dicho establecimiento penitenciario desde hace aproximadamente medio año, por lo que aún le restarían nueve meses de encierro. Esa es la pena que el juez Piñar se ha negado a conmutar a Rivas. Y estás son sus razones: «la ausencia de arrepentimiento (de la encausada), la reiteración en la misma conducta, que repitió en Italia tras la sentencia y el peligro que para los hijos supone la madre», dice textualmente en su escrito.
Y a renglón seguido añade: «En esa valoración, hay tres hechos destacables. El primero es que la penada (...) en varias ocasiones ha manifestado que no se arrepiente y lovolvería a hacer. El segundo es que, fiel a ese propósito, repitió la misma conducta, tras ser condenada en esta causa y estando los menores en Italia. El tercero es el peligro que para los menores, supondría la plena libertad de la madre», advierte el jurista para, a continuación, relatar que uno de los pequeños podría haber sido víctima de un delito cuando estaba bajo la custodia de Rivas.
Para el letrado de la vecina de Maracena, los argumentos del juez Piñar «son mentiras» y anuncia su intención de presentar «una querella criminal contra el magistrado por delito de prevaricación judicial y calumnias».
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