El indulto de Juana Rivas divide al Supremo

El informe que enviará al Ejecutivo la Sala de lo Penal del alto tribunal descartará de plano, por unanimidad, la petición de la defensa de Rivas, que solicita que se la exima por completo del cumplimiento de los dos años y medio de prisión y de la inhabilitación por seis años para ejercer la patria potestad, pero mostrará una fractura en dos mitades exactas a la hora de recomendar o no un indulto parcial que le permitiría a la condenada abandonar ya el centro penitenciario en el que está ingresada desde el pasado verano.

De los 16 magistrados de la sala, ocho se muestran a favor de apoyar la propuesta de la Fiscalía, que pide rebajar el cumplimiento de la condena de cárcel en seis meses, y los otros ocho se oponen a recomendar una medida que le permitiría dejar la prisión, pues con esta reducción se trataría de una pena de no más de dos años en una persona sin antecedentes penales, lo que permitiría la excarcelación condicionada. Ante su división total, el Supremo ha enviado un informe al Gobierno en el que se recoge tanto la postura de los magistrados favorables al indulto parcial de Rivas como la de los que se oponen, según fuentes del propio alto tribunal.

La sala explica en los 19 folios de su resolución que su función es la de ilustrar al Ejecutivo sobre los elementos que recomiendan o desaconsejan hacer uso del derecho de gracia, un beneficio sobre el que tanto víctima como condenado y tribunales tienen derecho a presentar alegaciones, pero sobre el que solo el Consejo de Ministros tiene la última palabra. En este caso, el Supremo concluye que el cumplimiento de esa función de asesoramiento, con el criterio dividido de los integrantes de la sala, «en nada se resiente, antes al contrario, se enriquece con la conjunta exposición de las razones sostenidas por unos y otros».

En otras palabras, los magistrados dejan las manos libres al Gobierno para decidir lo que mejor le parezca en este caso, pues le dan argumentos jurídicos tanto a favor como en contra del indulto parcial, que por otra parte sí que respalda el Ministerio Público. El exmarido de Rivas y denunciante, Francesco Arcuri, pidió que no se le conceda beneficio alguno y cumpla toda su condena.

Ocho de los magistrados, como la Fiscalía, entienden que se trata de una mujer sin antecedentes, con arraigo familiar, que desde su delito ha acatado todas las consecuencias de la custodia paterna sobre los hijos, y que actuó en el convencimiento de que su esposo, al que considera un maltratador, también usa esta violencia de género sobre sus hijos.

Los otros ocho jueces, al igual que Arcuri, consideran que no se da situación excepcional alguna que justifique el cumplimiento de la pena impuesta, que se entiende muy ajustada a derecho por tratarse de la sustracción no de un hijo sino de dos.

Juana Rivas ingresó el pasado 11 de junio en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos de Granada, una vez que el Supremo convirtió en firme la condena, que por otra parte rebajó de los cinco años de prisión a los dos años y seis meses, por considerar que la granadina no había cometido dos delitos de sustracción de menores sino solo uno. Solo cuatro días después dejó su internamiento, gracias a que Instituciones Penitenciarias la clasificó en tercer grado, lo que le permitía cumplir el resto de su condena en su domicilio, controlada por una pulsera telemática.

No obstante, su alegría duró poco. Un mes después, Rivas volvió a ingresar en el centro Matilde Cantos, donde todavía permanece, después de que la Fiscalía lograse que el juez de vigilancia penitenciaria revocase el paso a tercer grado y su excarcelación, por considerar que la madre de Maracena no ha mostrado grado alguno de arrepentimiento por la sustracción de sus hijos, que viven con su padre en la localidad italiana de Carloforte, en isla de San Pietro, un pequeño territorio próximo a Cerdeña.