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Según afirman fuentes jurídicas, el órdago planteado por Fernando Clavijo no ha sentado nada bien al Ministerio Público, tanto regional como nacional, que seguirá trabajando en este asunto de la misma manera que lo estaba haciendo hasta el momento. El fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, está en contacto permanente y trabajando codo con codo bajo el principio de unidad de actuación, con la Fiscalía General del Estado que es la que tiene que visar el informe realizado en su momento por el teniente fiscal, Demetrio Pintado acerca de la imputación o no de Clavijo en este procedimiento.
En este caso y según la providencia enviada por el TSJC a la Fiscalía Superior de Canarias, el plazo que tienen para responder, según establece la ley, es de cinco días hábiles –que acabaría el jueves–, pero como la misma se ha notificado por vía telemática, hay una norma que establece que el plazo empezará contar a partir de los diez días naturales siguientes a su notificación. Por este motivo, el Ministerio Fiscal tendría hasta el día 19 de noviembre para remitir al TSJC un informe de «competencia y contenido» en referencia a la posible apertura de una investigación de carácter penal sobre el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
A pesar de estas cuestiones de norma, todo parece indicar que la Fiscalía responderá a la providencia enviada por el TSJC antes de agotar los plazos legales. Aún así e independientemente de la providencia, el informe del fiscal no es estrictamente necesario para que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC pueda dictar un auto en el que sobresee la causa o la devuelva al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna si así lo estima conveniente.
Hay que recordar que Clavijo y el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, fueron denunciados el pasado mes de abril por Unid@s se Puede y Por Tenerife-NC ante los tribunales por sus actuaciones en todo lo referente a la privatización del servicio municipal de grúas, que se remonta al año 2005, cuando el ahora presidente del Gobierno era concejal de Seguridad, con la diputada Ana Oramas como alcaldesa. Los denunciantes creen que, tanto Clavijo como Díaz, incurrieron con sus respectivas actuaciones en los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencia, todos incluidos en el catálogo de delitos vinculados con la corrupción.
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