Nilda, 73 años: «Cuido, limpio, hago la compra... Mi jornada laboral no es de ocho horas»

«Voy a la farmacia, cuido a la señora, soy fisioterapeuta, voy al médico, hago la compra, atiendo la casa. Soy un cuatro por cuatro». Así resume Nilda Blanco, de 73 años y natural de Venezuela, su trabajo como empleada del hogar en Canarias. Como muchas otras mujeres, su llegada al empleo doméstico estuvo marcada por la desprotección. «El primer año trabajé sin contrato porque no sabía cómo era la cosa. Perdí ocho meses de cotización porque pensaba que la Seguridad Social te lo hacía, pero no es así». Ahora, con contrato, se siente afortunada, aunque se siguen vulnerando derechos: «No tenemos horario de ocho horas, pero si no me pagan los festivos, tengo la libertad de no ir».

El testimonio de Nilda no es una excepción. Así se puso de relieve este lunes en el acto del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, celebrado cada 30 de marzo, en el que Cáritas Diocesana de Canarias reunió a decenas de empleadas para visibilizar la precariedad del sector y exigir mejoras laborales.

Antes de la lectura de un manifiesto conjunto con otras delegaciones del país, medio centenar de trabajadoras y personal de la organización posaron ante la sede de Cáritas en la capital grancanaria tapándose la cara, los ojos y la boca para simbolizar la falta de reconocimiento, invisibilidad y desprotección que aún sufren.

Rosa Gómez, una madre soltera que llegó a Canarias desde Honduras, también empezó sin contrato. «Al principio no teníamos derechos porque no teníamos permiso de trabajo», explica. La formación que recibió a través de Cáritas le ha permitido exigir lo que le corresponde: « Sabemos que tenemos vacaciones, permisos para ir al médico, y que nuestras labores deben ser pagadas como es debido».

Emma Duarte, de Guatemala y responsable de la familia que dejó en su país de origen, lleva tres años sin contrato. «Se vulneran nuestros derechos. Nos asignan más tareas, trabajamos festivos y domingos sin remuneración. Si nos enfermamos, tenemos que reponer ese tiempo». Pese a que algunos empleadores valoran su trabajo y lo mucho que les resuelven en las tareas del hogar, en otros casos «no se dan cuenta de lo necesarias que somos para las familias que atendemos».

Las tres mujeres resaltaron que Cáritas les ha proporcionado las herramientas necesarias para reclamar el respeto a sus derechos laborales, además de haberlas apoyado en el proceso para conseguir un permiso de trabajo y la residencia, lo que les ha permitido acceder a un contrato acorde con la legalidad vigente.

Elisabeth Herrera, técnica del área de Empleo de Cáritas, recalcó la importancia de la regularización laboral: «Si no tienes alta en la Seguridad Social, no puedes acceder a prestaciones ni por desempleo ni por jubilación». Además, destacó que la responsabilidad de dar de alta a las trabajadoras recae en las personas empleadoras desde 2002, lo que ha provocado unos 5.800 contratos registrados en septiembre de 2022 a unos 4.600 en febrero de 2025, un 20% menos en apenas dos años y medio. «La necesidad de contratar sigue, pero muchas de estas mujeres siguen trabajando en negro», apuntó.

En los últimos años ha habido avances, como el acceso a la prestación por desempleo o la desaparición del «desistimiento», que permitía despedir sin justificarlo. Sin embargo, los costes y trámites burocráticos para los empleadores han aumentado sin suficiente apoyo por parte de la Administración. «Las familias no son empresas y muchas veces no saben cómo hacer un contrato. Si una persona cobra un salario mínimo, le resulta difícil pagar a otra la misma cantidad», remarcó Herrera.

Uno de los principales focos de preocupación es el régimen de internas, donde muchas mujeres trabajan mucho más de 40 horas semanales con una disponibilidad de 24 horas. «El descanso diario de dos horas es insuficiente y no siempre se respeta», señala el manifiesto de Cáritas leído en todas las sedes del país. Además, añade el texto, las empleadas de hogar suelen asumir solas el cuidado de personas en situación de dependencia, lo que agrava la carga laboral y el aislamiento. «No es justo que, por ser interna, una trabajadora tenga que estar disponible a todas horas», advirtió.

Desde Cáritas también denuncian que, a pesar de los cambios legales introducidos por el Real Decreto Ley 16/2022 y el Real Decreto 893/2024, la precariedad laboral persiste. Aseguran que no se están implementando mecanismos efectivos de supervisión para garantizar el cumplimiento de la normativa y que muchas empleadas del hogar siguen siendo invisibilizadas.

La organización reclama una equiparación de derechos con el resto de los trabajadores, una clasificación profesional que diferencie las tareas domésticas de los cuidados, y mayores incentivos para la contratación legal. «Si se reconoce el valor profesional del sector, se deben fomentar condiciones justas », sentencia.

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