Humilladas, maltratadas, ¿reparadas?

07/07/2018

Los colectivos LGTBI reclaman ayudas para las mujeres transexuales que han sufrido décadas de discriminación y a quienes la sociedad les ha negado una vida normalizada. Han trabajado toda su vida y han cotizado poquísimos años.

T. A. / Las Palmas de Gran Canaria

Las fichaban por escándalo público, pasaban noches enteras en calabozos encerradas por policías que las trataban como si fueran «un circo», sobrevivieron como kellys sin cotizar en hoteles, limpiando casas, vendiendo periódicos en las calles, prostituyéndose. Vidas enteras trabajando resumidas en historiales de la seguridad social con solo dos, tres, cinco años cotizados. «La sociedad no nos quería, todo era discriminación, desde que empezábamos en el colegio. En aquel tiempo solo había obstáculos para seguir adelante», resume Paloma Felipe, nacida en Zárate hace 59 años. Alrededor de una mesa explica junto a Montserrat González, Rosa Delia Sánchez, Celeste Rodríguez y Samanta Barbosa por qué han decidido visibilizarse y reclamar a la sociedad que repare todas las oportunidades que les negó por ser transexuales. «Yo creo que algún derecho tenemos que tener porque fuimos humilladas y maltratadas», resume Monste.

El Orgullo de este año ha puesto su mirada en ellas. El lema de cabecera de la multitudinaria marcha que organizan la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales y Cogam y que ayer recorrió las calles madrileñas fue Conquistando la igualdad, TRANSformando la sociedad. El colectivo LGTBI apuesta por seguir estando del lado de las personas trans, luchar por su dignidad y sus derechos más básicos «mientras persista la patologización de las identidades trans». Por eso el movimiento ha dedicado este año a visibilizar la realidad y las necesidades de diferentes generaciones trans, con especial hincapié en la infancia, la juventud y las personas mayores.

Paloma, Montse y Rosa Delia tienen 59, 60 y 61 años, respectivamente. Aunque han trabajado toda su vida no tienen cotización suficiente para tener una paga. Se han organizado como grupo dentro de Gamá y reivindican que las administraciones públican les den ahora las oportunidades que nunca tuvieron para llevar una vida normalizada.

nueva ley. En Canarias la plataforma de colectivos LGTBI está trabajando en un texto de base para la ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, que pretende ser más ambiciosa que la aprobada en 2014. Gamá quiere que recoja medidas que reparen ese daño infringido a las personas transexuales mayores, como tener espacios en las listas de empleo público o ayudas económicas hasta que tengan edad para cobrar una pensión no contributiva. «No es que no queramos trabajar, pero en la época que yo quise cotizar no me daban trabajo por ser transexual y ahora ya soy mayor; por suerte ahora las trans tenemos más oportunidades», apunta Paloma.

La prostitución constituyó una de las pocas salidas para estas mujeres que vivieron su transexualidad en la época donde las encerraban en aplicación de la ley de vagos y maleantes. El trato vejatorio no se limitó a los años de la dictadura y relatan numerosos episodios de acoso policial mucho después de la transición a la democracia. «Para ellos éramos como el circo, nos detenían, nos desnudaban, se reían, nos vestían y no nos fichaban, amanecía y nos dejaban libres; era una humillación tras otra», relata Montse. «A tres compañeras las cogieron en Playa del Inglés y las soltaron de noche en Fataga, tuvieron que volver a pie», cuenta Paloma. «Ahora la policía es muy respetuosa, nos trata como a personas», puntualiza Montse, que sigue en la prostitución. «Pago agua, casa, luz, comunidad, ¿qué hago, esperar el contrato que nunca llega?».

Con DNI. Rosa Delia, que nunca se prostituyó y tuvo varios trabajos, sobre todo limpiando, Paloma y Montse tuvieron su DNI con su nombre verdadero en 2008, un año después de la aprobación de la ley que lo permitía. Celeste lo logró hace un año y Samanta Barbosa, la más joven de las cinco, no tiene todavía la documentación. «Yo creo que una persona tiene derecho a reconocerse, a decidir como quiere vivir. Me niego a adquirir la nacionalidad española porque me niego a que para tener un nombre y mi identidad de género de forma oficial deba firmar un documento como que estoy loca, tener un tratamiento que me niego a hacer, que un psicólogo o psiquiatra me evalúe cuando yo sé perfectamente quién soy y lo que soy», explica. La derogación de la ley de 2007 que impone que para acceder al cambio de nombre y sexo es requisito indispensable un diagnóstico médico, dos años de hormonación, ser mayor de edad y tener la nacionalidad española es una de las principales reivindicaciones del colectivo LGTBI. Se busca una normativa, ahora en trámite parlamentario, que reconozca la autodeterminación de la identidad de género y derechos para las personas trans menores de edad y migrantes.

Samanta, que fue 20 años peluquera, se dedica al «trabajo sexual» en su casa y le gustaría que haya una regulación de la actividad en España, reconociendo que muchas paisanas vienen «explotadas por mafias».

Samanta tiene en Gran Canaria «una vida hecha». Junto a Paloma, Montse, Rosa Delia y Celeste reclaman la dignidad y derechos que les han negado. Reparar el daño causado, a algunas de ellas desde hace décadas, es, recuerdan, una obligación moral.

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