La explotación sexual en Canarias «es más habitual» de lo que apuntan las cifras

Las únicas estadísticas oficiales son las del Ministerio del Interior, que indican que en las islas hubo en 2019 un total de 9 víctimas de trata por ninguna entre 2021 y 2022, aunque desde 2017, con la fase más dura de la pandemia de covid-19 mediante, disminuyeron las inspecciones administrativas: de 186 a 81.

Así y todo, a través de esas 81 inspecciones fueron identificadas 200 mujeres y niñas en riesgo de ser víctimas de trata para su explotación sexual.

En 2022 fueron acreditadas en Canarias 11 mujeres como víctimas de trata.

Son la mitad de las 22 víctimas cuyos relatos forman el corpus del informe 'Trasex', en cuya elaboración han colaborado las dos universidades públicas del archipiélago, Fiscalía y profesionales independientes.

Cinco de esas mujeres son canarias y las 17 restantes, extranjeras, con edades comprendidas entre los 19 y los 57 años, de la cuales casi la mitad manifestaron haber sido agredidas sexualmente siendo menores; solo 6 siguen ejerciendo la prostitución y ninguna lo ha hecho o lo sigue haciendo por su voluntad.

«La prostitución no es un trabajo» sino «una violación de los derechos humanos y una tortura en la mayoría de los casos, si no en todos», ha zanjado Kika Fumero, quien ha hecho un llamamiento a los hombres, clientes mayoritarios de esta práctica: «si no hay consumo, no hay prostitución».

El informe 'Trasex' apunta a los motivos del reclutamiento de mujeres y uno de los más comunes es la situación de vulnerabilidad de las víctimas, bien económica, social o familiar, pues en muchos casos tienen en su contra la complicidad de sus allegados.

Esto sucede sobre todo con las víctimas del tráfico de personas, objeto de traslados forzosos desde otros países o cuyo consentimiento ha sido viciado.

La profesora Esther Torrado, coordinadora del trabajo, ha aludido a los informes Cunina I y II sobre la explotación sexual de niñas y niños en Canarias, en los que se alerta de la captación de menores bajo la custodia de la administración.

Torrado ha abogado por aportar más recursos a la prevención y la detección de la trata de mujeres y niñas, y también al refugio a las víctimas, así como un política migratoria más enfocada a lo derechos humanos y con perspectiva de género, y menos en la protección de las fronteras.

Precisamente esta es una de las principales dificultades a la hora de realizar un diagnóstico cuantitativo certero, «la desconfianza» de las víctimas hacia las instituciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad, básicamente porque la mayoría están en situación irregular, por lo que se encuentran «en un callejón sin salida», ha apuntado la directora del ICI.

Al igual que Kika Fumero, la profesora Torrado ha abogado por la abolición de la prostitución y ha indicado que en aquellos países donde se ha legalizado se ha facilitado el asentamiento de redes de trata, y otro tipo de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y de armas.