La Fiscalía investiga las extracciones irregulares de agua en el entorno de Doñana

En el decreto de apertura de esta investigación, firmado por el fiscal jefe Jesús Alonso, se indica que estas diligencias tienen como finalidad poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos. La persona asignada al caso ha sido el fiscal Manuel Campoy, especializado en cuestiones de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Entre las primeras actuaciones practicadas por el Ministerio Público figuran varios oficios al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia civil para que reclame «a diferentes organismos informes periciales sobre los efectos adversos significativos que las extracciones ilegales puedan tener en cuanto al el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas» en la zona.

También ha requerido a la misma unidad que elabore un informe sobre «la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de los hábitat o especies silvestres concernidos» por esas prácticas, a fin de «poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos».

El Ministerio Público añade que el objeto de estudio de estas pesquisas son las zonas protegidas 'Doñana' (código ZEPA/LIC ES0000024), 'Doñana Norte y Oeste' (código ZEPA/LIC ES6150009) y 'Dehesa del Estero y Montes de Moguer' (código ZEC ES6150012). Asimismo, cita datos científicos recogidos en diferentes directivas europeas para aseverar que de ellos se desprende que «la sobrexplotación del acuífero de Doñana ha acarreado un descenso del nivel piezométrico, que ocasiona una alteración constante de las zonas protegidas de este espacio natural protegido».

Para asumir esta investigación, el fiscal jefe recuerda que la aplicación del derecho de la UE corresponde tanto a los órganos propios de la Unión como a las diferentes autoridades nacionales de los Estados miembros y sus órganos constitucionales. En cuanto a que se encargue de ello la Audiencia Nacional, explica que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal es la única instancia para conocer los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los ministros y de los secretarios de Estado en general.

Recuerda que la ley dispone la competencia de la Administración General del Estado para la tramitación de los procedimientos administrativos de exigencia de responsabilidad medioambiental, en este caso respecto al citado parque situado en las provincias andaluzas​ de Huelva, Sevilla y Cádiz. Y añade que ahora «resulta necesaria la práctica de diligencias a fin de valorar la posible solicitud a la Administración Pública de inicio de procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad medioambiental».

El pasado martes, la comisión de Fomento del Parlamento andaluz aprobó con los votos a favor de PP-A y Vox, y el rechazo del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, el dictamen de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado --entorno de Doñana--.

Dicha aprobación, que afecta a las zonas de regadío de dichos cinco municipios situados al norte de la corona forestal de Doñana, es el paso previo para que la norma se debata y apruebe de forma definitiva en el Pleno del Parlamento. Ese mismo día la Junta de Andalucía anunció que contaba con el «visto bueno» del Ministerio de Hacienda al modelo de pago propuesto para la compra de 7.500 hectáreas de la finca 'Veta La Palma', en La Puebla del Río (Sevilla), con el fin de ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana.