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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación para conocer si Meta vulnera datos particulares de sus usuarios en Facebook e Instagram. El departamento dirigido por Jesús Alonso indaga la presunta a responsabilidad de la compañía estadounidense de Mark Zuckerberg sobre el uso de imágenes y otros archivos particulares de perfiles de estas plataformas para desarrollar su proyecto de Inteligencia Artificial (IA).
La apertura de las diligencias preprocesales atiende a la posible vulneración del derecho de los usuarios españoles a la protección de datos de carácter personal. El motivo es la recepción masiva en las últimas horas por parte de los usuarios de Meta de comunicaciones enviadas por las empresas titulares o gestoras de Facebook e Instagram, advirtiéndoles que la información compartida en sus productos y servicios (publicaciones, fotos y pies de foto, mensajes, consultas de sitios de internet, introducción de datos para registro o pedidos en línea) va a ser usada por la compañía para desarrollar y mejorar la IA.
Las actuaciones, según el Ministerio Público, tienen por objeto promover la acción de la justicia en defensa del derecho fundamental de los ciudadanos a la protección de datos de carácter personal, así como de los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios de la sociedad de la información. Por este motivo, se ha acordado pedir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la remisión de un informe que analice las consecuencias del uso masivo de estos datos y si ya ha adoptado alguna actuación administrativa al respecto.
Según explica el decreto firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, los usuarios tienen derecho a oponerse al modo y la finalidad para que estas plataformas no usen sus fotografías, por ejemplo, rellenando un formulario de "solicitud de objeción"; que resulta difícil de localizar y de gestionar su envío y que, una vez rellenado y enviado, queda pendiente de su aceptación.
El fiscal encargado de las pesquisas será Manuel Campoy, quien deberá concretar el alcance y entidad de los hechos, y acordar la práctica de cuantas diligencias crea necesarias antes de determinar si se judicializa el caso.
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