El feminismo convoca 15 concentraciones en las islas y el Gobierno canario pide que no se acuda

La pandemia de coronavirus ha obligado a cambiar la celebración y reivindicación feminista en este 8 de marzo. Descartadas las manifestaciones unitarias masivas de otros años, en Canarias la Delegación del Gobierno ha autorizado 15 concentraciones en el archipiélago entre el domingo y el lunes relativas al Día de la Mujer. Por islas, han sido autorizadas seis actos en Gran Canaria, cuatro en Tenerife y una en La Palma, Lanzarote, El Hierro, La Gomera y Fuerteventura. Por ejemplo, la Red Feminista de Gran Canaria convoca una cadena humana en la Avenida Marítima de la capital. La Delegación del Gobierno señala que no son manifestaciones sino concentraciones que tienen que cumplir con las normas sanitarias anticovid, al igual que todas las autorizadas durante estos meses por todo tipo de motivos.

A pesar de esto, el Gobierno canario llamó ayer a que no se acuda a estos actos por recomendación de Salud Pública para evitar contagios. «El Gobierno tiene interés en expresar su preocupación por este tipo de concentraciones», afirmó el portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En un comunicado posterior, Sanidad explicó que «desaconseja la celebración de concentraciones o manifestaciones debido a que este tipo de actividades son un vehículo de contagio de la covid», añadiendo que Salud Pública «ha informado desfavorablemete ante la celebración de este tipo de actividades». La nota termina diciendo que Sanidad «invita a la población que quiera sumarse a esta revindicación que lo haga con modelos más imaginativos y con menos riesgo para la salud».

La Delegación del Gobierno en Madrid prohibió ayer por motivos de «salud pública» todas las manifestaciones convocadas para el 7 y el 8 de marzo, Día de la Mujer, una decisión inusual que estudian recurrir las organizaciones convocantes y que, por el momento, descartan replicar otras comunidades autónomas. Las autoridades madrileñas han cogido con agrado el anuncio de la Delegación, pero no así las organizaciones convocantes, varias de las cuales han denunciado en las redes sociales que se vulnera su derecho de manifestación y han asegurado que «el movimiento feminista estará el 8 de marzo».

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que el año pasado tuvo que enfrentarse a una causa judicial -finalmente archivada- por no prohibir la multitudinaria manifestación que se celebró seis días antes de que se decretara el confinamiento por la pandemia, aseguró ayer que actúa «en conciencia y con los datos sanitarios». La Delegación ha analizado recorridos establecidos, previsión de asistencia, duración y lugares de celebración de los 104 actos en la calle comunicados para esos dos días, el 70% vinculados a las celebraciones del Día de la Mujer. «Y teniendo en cuenta las posibles confluencias de distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid se ha tomado la decisión firme de prohibir, por motivos de salud púbica, todas las manifestaciones y concentraciones convocadas», informó en un comunicado a primera hora de la mañana. Franco precisó después que los actos prohibidos podrían haber reunido a más de 60.000 personas.

En las últimas semanas, la capital ha sido escenario de variadas manifestaciones, incluso de negacionistas de la pandemia, y Franco ha asumido que su decisión puede acabar en los tribunales, pero insistió en que «el problema no es cuántas se han prohibido, sino la acumulación» que se iba a producir en pocos días en la ciudad.

La Consejería de Sanidad madrileña había desaconsejado todas las convocatorias sobre las que se le había pedido un informe técnico, pero en un primer momento la Delegación del Gobierno había señalado que no se habían prohibido las que cumplían «los parámetros exigibles» en situación de pandemia. En ese contexto, la Comisión 8M había convocado para el lunes cuatro concentraciones de hasta 500 personas en el centro de la ciudad con un «exhaustivo protocolo» para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad anticovid. «Estamos evaluando las posibilidades para ver qué acciones podemos tomar, incluidas las legales para recurrir esta prohibición», dijo a Efe una de las portavoces de la comisión que engloba a más de 50 asambleas y colectivos feministas.

En un acto sindical, la ministra de Igualdad, Irene Montero, subrayó que, como miembro del Gobierno, está obligada a cumplir todas las indicaciones de las autoridades sanitarias, pero denunció el «señalamiento» y la «criminalización» del movimiento feminista «por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada».