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Marta Ostiz y Berta Pinillos (Efe) / Madrid
Jueves, 1 de enero 1970
Con la aprobación de la ley de violencia machista, en 2004, España se convirtió en uno de los países referentes en la lucha contra esta lacra. Fueron muchos los estados que entonces se fijaron en esa norma para incorporar una similar a sus respectivas legislaciones.
A esta ley se sumó, desde 2007, la de igualdad, cuyo objetivo era poner fin a la discriminación que sufre la mujer en España y hacer real la igualdad de género con una serie de medidas laborales, políticas y sociales como la paridad en las listas electorales, la ampliación del permiso de paternidad o la obligatoriedad de negociar planes de igualdad en las empresas.
Doce años después de su aprobación, el salario medio anual de las mujeres sigue siendo significativamente menor que el de los hombres (20.131 euros frente a los 25.924 de ellos) y el 95,4% de las personas que trabajan a tiempo parcial para cuidar a sus hijos y el 91% de las que lo hacen para el cuidado de personas dependientes son mujeres.
Sólo el 35% de los cargos directivos y gerentes de empresas son mujeres, mientras que el 63,77% de las ocupaciones elementales son femeninas y de las 57.057 excedencias por cuidado de familiar que se solicitaron el pasado año, únicamente 6.021 fueron presentadas por hombres.
"Tenemos un marco jurídico lo suficientemente armado como para poder atajar todas las situaciones de desigualdad y discriminación entre hombres y mujeres, pero seguimos perpetuando roles y estereotipos en el ámbito de lo privado que se reflejan en lo público y no somos capaces de dar ese salto cualitativo", afirma la profesora titular de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Alcalá, Mercedes Menéndez.
Para hacerlo, esta experta en Igualdad opina, en una entrevista con Efe, que se debe producir un cambio socio-cultural e incidir en el artículo 9.2 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a "remover obstáculos" e impulsar políticas de igualdad y "hacer efectivo y real" lo que ya tenemos en forma de leyes.
Son pocos los países que se han acercado a lo que podría ser la fórmula de la igualdad, sin llegar a conseguirlo del todo. Estados como Suecia, Noruega, Dinamarca o Países Bajos figuran entre los primeros puestos en igualdad de género, según los índices de indicadores de desarrollo humano elaborados por Naciones Unidas, donde España ocupa el décimo quinto puesto.
Por ejemplo, Suecia empezó este camino mucho antes que España, y en 1974 fue el primer país que puso en marcha los permisos parentales, con tres meses para cada progenitor, una medida que no llegará a España hasta casi 47 años después, en el mejor de los casos.
Y es que queda por ver si en España la equiparación de los permisos parentales, prevista para 2021, según el decreto de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato en el empleo, aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros, será el empujón definitivo para contribuir a instaurar la corresponsabilidad en el ámbito familiar y alcanzar la igualdad real y efectiva en la sociedad de una vez por todas.
Precisamente la equiparación de permisos es una de las reivindicaciones que las asociaciones de mujeres reclamaban desde hace muchos años.
Menéndez recuerda que son las mujeres siempre las que renuncian a su carrera profesional en aras de la conciliación para cuidar a hijos, mayores y personas dependientes de su entorno.
Además, los complementos salariales tienen rostro masculino y son ellos quienes los cobran a cambio de ampliar jornadas o de mayor disponibilidad horaria, entre otros conceptos.
"Cuando vemos la realidad, observamos que sigue persistiendo la brecha salarial, con peores sueldos por iguales responsabilidades, profesiones feminizadas en el sector de los cuidados y el servicio doméstico y la maternidad como un factor de discriminación grandísimo", explica a Efe la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime.
España se encuentra, así, muy alejada de países como Islandia, donde la brecha de género se ha cerrado en un 85,5%; Noruega (en un 83,5%), Suecia (82,2%) y Finlandia (82,1%), conocidos ejemplos por sus avances sociales y esfuerzos a favor de la igualdad.
Con el decreto del pasado viernes, el Gobierno quiere que la brecha también se cierre en España y por eso, entre otras cosas, la normativa impone a medianas y grandes empresas la obligación de aplicar planes de igualdad y publicar las tablas salariales de sus trabajadores.
¿Serán estos los elementos que ayuden a componer la fórmula exacta de la igualdad?
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