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Canarias necesita de forma «urgentísima» una ordenación territorial en la que cabildos, Gobierno regional y grandes municipios «alcancen un pacto global hacia un modelo vertebrado de servicios sociales que palíe la «ineficiencia» actual de su sistema. «Los solapamientos y las ineficiencias actuales son un lastre que tiene importantes consecuencias para la población al mermar sensiblemente la cobertura», señala la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en su informe anual –índice DEC– presentado ayer, que radiografía la situación en el conjunto del país y en las comunidades autónomas. Dependencia, mayores, rentas mínimas de inserción o las estructuras básicas de servicios sociales son las grandes deficiencias del sistema en las islas, pero, por encima de todo, el mayor reto es organizativo, «racionalizando y haciendo sinérgico el funcionamiento de las administraciones».
El informe analiza la situación de cada territorio en función del gasto, los derechos reconocidos y las coberturas. Canarias vuelve a suspender y ocupa el puesto 14 en la calificación de las comunidades autónomas en el desarrollo de su sistema de servicios sociales, «pero registra una clara mejoría en los últimos años, con un incremento de 1,35 puntos desde 2015». A pesar de esta evolución, las islas suspenden con una valoración global de 3,75 puntos, dentro del grupo de comunidades con un desarrollo de los servicios sociales «irrelevante». Solo tres comunidades –País Vasco, Navarra y Castilla-León– obtienen un notable en la evaluación y, además de las islas, suspenden Madrid, Valencia, Murcia, Andalucía, Galicia y Extremadura.
El informe destaca el esfuerzo inversor de las administraciones públicas canarias y afirma que el archipiélago se acerca a la media estatal. Así, la inversión por habitante en Canarias en 2018 es de 372,4 euros y de 381,2 en el conjunto del país. Esto supone un 1,82% del PIB regional, por encima de la media estatal es que de 1,5%. Canarias invierte en servicios sociales el 9,2% de su presupuesto, siendo la media española del 9,39%. Sin embargo, la cobertura efectiva de prestaciones y servicios en las islas «sigue siendo muy baja» respecto al conjunto del país y «solo destaca positivamente en servicios para personas con discapacidad».
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