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El reto de los jurados en la desescalada

El reto de los jurados en la desescalada

La desescalada progresiva en el ámbito de la Justicia en Canarias tendrá que afrontar, a partir de finales del mes de junio, el reto de la celebración de los juicios con tribunal del jurado. El caso del asesinato del italiano Davide Fervorini en 2018 en la capital grancanaria será el primero de los nueve jurados que la Audiencia Provincial de Las Palmas tiene previsto celebrar durante 2020 y supondrá la puesta en marcha de una compleja infraestructura para dotar de total seguridad contra posibles contagios de coronavirus a los operadores jurídicos y, como no, a los miembros del jurado popular seleccionados para dictar un veredicto justo.

Jueves, 1 de enero 1970

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Hasta el momento, las distintas secciones penales de la Audiencia Provincial han ido adaptando al estado de alarma los jurados que tenían pendientes e incluso han tenido que aplazar ya tres que deberían haberse celebrado en estas fechas –el asesinato de un indigente en Maspalomas, el del bar Eliseo en Morro Jable y el del exluchador Cry Baby–. Los motivos están totalmente justificados puesto que este tipo de vistas precisan de una infraestructura totalmente diferente al resto de juicios. Por poner varios ejemplos, se necesita el traslado por avión de los miembros seleccionados que no residan en Gran Canaria, un catering para todos, un hotel para su alojamiento y la incomunicación del grupo cuando estén en fase de deliberación, policías que los custodien, servicio de transporte y una sala de reunión que esté adaptada a las normas de seguridad impuestas por la crisis de la Covid-19.

Pero ahora y ya inmersos de lleno en la fase de la desescalada en el sector de la Justicia, están trabajando para poner en marcha la maquinaria del tribunal del jurado. Para ello, en primer lugar se ha adaptado la sala de vistas y la de deliberación para que las partes y el público cumplan con la distancia obligatoria reduciendo de forma considerable su aforo. Solo estarán presentes 13 personas de público, las partes, policías y funcionarios.

En el caso del jurado, colocarán mamparas de metacrilato entre cada uno de sus 11 miembros para minimizar al máximo cualquier posible riesgo, al igual que entre el fiscal y los letrados.

Todo ello siguiendo un protocolo que establece que el magistrado presidente podrá limitar el acceso del público a los juicios, las operadores jurídicos no tendrán que usar toga, todos tendrán que usar equipos de protección y habrá un refuerzo de los servicios de limpieza y desinfección en cada una de las sesiones.

Nueve previstos.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial tiene previsto celebrar en 2020 dos juicios que ya están señalados con jurado popular como son el caso Infecar y el asesinato de un indigente en Maspalomas. Mientras, la Sección Segunda tiene en su agenda tres casos como son el crimen de Guía, el de Lomo Magullo y el de la calle Málaga. Por último, la Sección Sexta cuenta con cuatro jurados que son el asesinato del bar Eliseo, el caso de Cry Baby, un allanamiento de morada en Pájara y el asesinato del italiano Davide Fervorini.

Hay que destacar que en 2018 se celebraron 10 juicios con jurado popular en la provincia, por los 16 del año 2017.

¿Cuándo se celebran y cuál es la función del tribunal del jurado?

En el orden penal y con solo con determinados delitos

El Tribunal del jurado sólo se celebra en el orden penal y sobre delitos tasados en la ley como homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios o infidelidad en la custodia de presos.

Escogen a nueve miembros y dos suplentes de 36

El jurado lo componen nueve personas y dos suplentes y tienen que cumplir unos requisitos. Entre ellos, ser españoles, mayores de edad, saber leer y escribir, no tener condena que los inhabilite o no tener incompatibilidad por profesión –cargos públicos, profesión relacionada con la Justicia etcétera– o interés en el asunto. Se hace una selección un mes antes y de los 36 escogidos, luego se eligen a 11 en la vista.

Asisten, preguntan y son aislados para deliberar

En la primera jornada del juicio se hace la selección del jurado y las partes entrevistan a los 36 seleccionados de la provincia para buscar los candidatos idóneos. Luego, durante las sesiones, los miembros pueden preguntar a acusados, testigos y peritos si así lo estiman oportuno. Cuando acaba el juicio, son aislados en la sala de deliberación y duermen todos en un hotel sin comunicación con el exterior hasta que hay veredicto.

Declaran los hechos probados o no probados

Corresponde al jurado declarar probados o no probados los hechos que somete a su decisión el magistrado presidente una vez celebrado el juicio. Les corresponde proclamar la culpabilidad o inculpabilidad de cada persona acusada y esa decisión se conoce como veredicto. En base al veredicto, el presidente redactará la sentencia determinando la pena que procede imponer si es condenatoria.

Los juicios más relevantes que quedan por celebrar en 2020.

La Audiencia Provincial de Las Palmas prepara el reto de celebrar nueve juicios con jurado popular en lo que resta de año cumpliendo las medidas de seguridad.

Asesinato de Davide Fervorini / El 29 de junio con cinco acusados.

Del 29 de junio al 3 de julio se celebrará el primer jurado de la desescalada con el asesinato del italiano Davide Fervorini, que regentaba un club de cannabis en La Isleta y apareció muerto en septiembre de 2018. Presidido por Oscarina Naranjo, la fiscal acusa a Sophia V. G. B. M., Alejandro A. S. y Wilson Q. B. de asesinato y robo con fuerza en casa habitada, pidiendo 25 años y seis meses de prisión y 28 para los dos últimos. Mientras, a Rubén P. S. y Adonay G. C. le añaden otro contra la salud pública –34 años y 33, respectivamente– y Layonel P. S. está acusado de un delito contra la salud pública –4 años y seis meses–.

Asesinato de un indigente en Guía / Desde el 6 de julio y se enfrenta a 18 años de cárcel.

Presidido por Pilar Parejo, se sienta en el banquillo Bakary Diarra, acusado de asesinato y para el que la Fiscalía pide 18 años de cárcel. Según esta parte, este maliense «el 24 mayo de 2018» y «de manera sorpresiva e inesperada», abordó a su compañero de chabola y «mientras le sujetaba el cuello con una mano, con la otra se lo cortó con el arma blanca». Poco después, el acusado acudió primero a las dependencias de la Policía Local de Guía y, al no abrirle, fue al centro de salud donde «manifestó que había acabado con la vida de El Mahfoud», por lo que se le pide la atenuante de confesión.

Lo asesinaron y quemaron en Maspalomas / Aplazado a la semana del 20 al 24 de julio.

Ali G. G, un turco nacionalizado español de 44 años, se enfrenta a 18 años de prisión después de que la Fiscalía lo haya acusado de haber asesinado a Stefan Pruteanu, un sintecho bastante conocido en San Fernando de Maspalomas al que, presuntamente, estranguló y luego prendió fuego el pasado 11 de enero de 2019. La víctima tenía sus dos piernas amputadas y en el momento del crimen se había quitado las prótesis para dormir en un quiosco abandonado. Este juicio se iba a celebrar el 11 de mayo, pero fue aplazado a la semana del 20 al 24 de julio bajo la presidencia de Pedro Herrera.

Caso Infecar / El 14 de septiembre por un catering del CCN.

Miguel Ángel Parramón preside el juicio en el que se acusa a Rafael Suárez y Carlos Orce de malversación de caudales públicos. Se enfrentan a multas de 6.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por tres años. Todo ello por, presuntamente, facturar el catering del congreso del Centro Canario Nacionalista (CCN) al Cabildo. Hérgora Catering, propiedad de Orce, facturó 3.500 euros como Taller Infantil de Cocina Saludable a Infecar, dirigida por Suárez. Fue abonado con cargo a la Feria de la Infancia y la Juventud 2011-12, financiada por el Cabildo.

Crimen de Lomo Magullo / En septiembre y le piden 22 años de cárcel.

La Fiscalía Provincial calificó como asesinato el crimen de Lomo Magullo un suceso en el que Víctor Ayose G. G. acabó con la vida de su expareja en 2017. Según el Ministerio Público, que interesa una pena de 22 años para el acusado, asfixió a la que fue su novia, empaquetó su cuerpo y lo metió en el maletero del coche para enterrarlo. Aunque no está aún señalado, el presidente Nicolás Acosta espera celebrarlo después de verano. La fiscal María Luisa Ordóñez aprecia las agravantes de parentesco y razones de género y la atenuante simple de confesión.

Agredió a un amigo de su ex en Pájara / El 19 de octubre con tres acusados.

Desde el 19 de octubre, Carlos Vielba presidirá el juicio que sienta en el banquillo a Jordan J. A. G., Álvaro T. R. y Juan D. M. B., que se enfrentan a ocho, dos y dos años de cárcel, respectivamente. Según la Fiscalía, Jordan mantuvo una relación con la denunciante y tras dejarlo, el 5 de agosto de 2018 acudió con los acusados a su casa en Pájara. Al llegar, entró en el domicilio tras escalar un muro y romper un cristal y se encontró con su ex –a la que gritó «te mato, te mato»–, acompañada de un amigo al que golpearon en la cara y le clavaron un cuchillo en el abdomen.

Asesinato en el bar Eliseo de Morro Jable / Fue suspendido y le piden 22 años de prisión.

Estaba previsto para la semana del 27 al 30 de abril pero finalmente, el presidente Carlos Vielba lo aplazó. Este procedimiento acusa a Jesús M. L. de haber asesinado al inquilino de una casa suya que había okupado. El 21 de enero de 2018, el acusado fue a buscar a la víctima a Morro Jable y lo encontró en el bar Eliseo. Entró y lo golpeó hasta siete veces con un bastón de madera que tenía una hoja de tijera en su punta. Logró salir a la calle pero el acusado cogió una piedra y lo golpeó en la cabeza en repetidas ocasiones, propinándole además varias patadas. La Fiscalía le pide 22 años de prisión.

El homicida ‘Cry Baby’ / El exluchador británico, pendiente de informes.

El presidente Emilio Moya suspendió este jurado al estar pendiente el acusado de unos informes psicológicos que determinen si es capaz de ser consciente de la imputación que pesa sobre él ya que sufre una enfermedad mental. En este caso, la Fiscalía ha interesado una condena de 15 años de prisión para James Breaks, que fuera luchador en la British Wrestling del Reino Unido durante 20 años bajo el sobrenombre de Cry Baby, al considerarlo el autor de la muerte de la que fue su pareja, Donna Cowley, tras propinarle presuntamente una brutal paliza en Puerto Rico en el mes de junio de 2017.

Asesinato en el polígono de San Cristóbal / El Chupa se enfrenta a 21 años de prisión.

Este juicio está pendiente de un recurso que debe de resolver el TSJC en próximas fechas. A partir de ese momento, la presidenta Pilar Verástegui podrá señalar el jurado que sentará en el banquillo a Francisco Iván T. alias el Chupa, que está acusado de haber asesinado a tiros a Lionel Jesús Carrillo en un crimen cometido en la Vega de San José. Tendría que indemnizar a la familia del fallecido con 180.000 euros. La Fiscalía interesa que el Chupa sea condenado a 21 años de cárcel por este crimen ocurrido en la calle Córdoba el 29 de agosto de 2017 producido por un supuesto ajuste de cuentas.

Juicios para la historia.

En la provincia de Las Palmas se han celebrado juicios con jurado que quedarán para la historia. Uno fue el que sentó en el banquillo al individuo que mató al niño de 10 años Brian Santos, cuyo cadáver fue hallado en un vertedero de Lanzarote.

También se recuerda el que condenó a Sang Ok Lee a 45 años de cárcel por la muerte de la niña In Sil Oh –de 11 años y misma nacionalidad que el autor– en La Isleta el 30 de agosto de 2008. Tres fueron los condenados por la muerte del joven universitario Iván Robaina el 7 de diciembre de 2008, mientras qque en el caso del parricida de Jinámar, el tribunal declaró culpable a Fernando Iglesias que fue penado a 54 años en unos hechos ocurridos en octubre de 1996.

Declararon culpable al joven que quemó viva a su novia en Gáldar y que pasó ocho años en prisión y a los guardias civiles que exigieron sobornos en el aeropuerto de Gran Canaria. En el caso Talio, el jurado consideró culpable al enfermero del Hospital Insular que en 2010 envenenó a su mujer suministrándole talio y barbitúricos y que fue condenado a 23 años por asesinato. Estremecedor fue el caso del crimen de Churruca en el que condenaron a sus autores a penas que superaron los 40 años de prisión. El caso del crimen del taxista quedó sin esclarecer.

Recientemente también fue noticia el crimen del Bidón, en el que la acusada fue condenada por matar a su novio al que tiró luego al mar.

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