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José María Rodríguez ( EFE) / Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 27 de marzo 2020, 10:15
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Desde que el verano pasado se reactivó la ruta atlántica hacia Canarias ante el endurecimiento de la vigilancia en el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, donde el movimiento de inmigrantes por mar ha caído a la mitad, el tráfico de pateras hacia las islas se ha multiplicado varias veces hasta alcanzar cifras desconocidas desde el final de la «crisis de los cayucos» de hace una década.
Solo en enero y febrero, llegaron a Canarias 1.181 inmigrantes en 40 pateras, catorce veces más que en el mismo período de 2019, a un ritmo medio de casi 150 personas y cinco embarcaciones por semana.
Sin embargo, el movimiento de pateras se detuvo en seco durante quince días. Desde que el 5 marzo, cuando se rescató a un cayuco con 48 personas al sur de Gran Canaria, hasta el día 20, cuando se socorrió a otro con 45 ocupantes en la misma isla, solo silencio.
Entre ambas fechas ocurrieron dos episodios a los que se presupone una influencia directa sobre el parón en la salida de pateras: el primero, el temporal de calima y mala mar que se vivió la última semana de febrero en Canarias y también en el Sahara Occidental (el peor en las islas en cuatro décadas) y la irrupción del coronavirus en Europa, primero en Italia y luego en España, que llevaron a Marruecos a restringir los vuelos y a reforzar la vigilancia en sus fronteras, hasta terminar cerrándolas al tránsito de personas.
El impacto del primer fenómeno es evidente: la misma espesa nube de polvo del Sahara que obligó a cerrar dos días los aeropuertos de Canarias convertía en muy difíciles -cuando no en suicidas- los cuatro o cinco días de navegación que se necesitan para llegar en patera a las islas desde Dajla, el punto de salida más frecuente.
La influencia de la crisis del coronavirus, que desde el 14 de marzo mantiene a España oficialmente confinada en estado de alarma, está aún por ver. La Agencia Efe ha preguntado por ella a ONGs y cuerpos de seguridad que trabajan directamente en este campo, en los dos lados de esta frontera marítima, en Marruecos y en Canarias.
La activista Helena Maleno, cabeza visible de la ONG Caminando Fronteras, que reside en Tánger, lo tiene claro: con el Ejército y todas las fuerzas de seguridad de Marruecos desplegadas en las calles para vigilar que sus ciudadanos se quedan en casa, es muy difícil que nadie se arriesgue a ir a la costa a coger una patera.
Para salir de casa se necesita un salvoconducto y, en medio de calles vacías a cualquier hora del día, en estos momentos cualquier grupo de personas ahora llama mucho la atención.
Para ilustrar la situación, Maleno envía a Efe un vídeo que circula en redes sociales con un militar marroquí gritando en francés, megáfono en mano, a los inmigrantes subsaharianos que se adivinan tras las ventanas de un complejo de viviendas: «¡Amigos africanos, quédense en casa!», «¡Amigos africanos, bienvenidos, estamos aquí para ayudar, permanezcamos ahora todos juntos!»
Ese es el panorama, aunque a veces resulte mucho menos amistoso. El 11 de marzo, tres días antes de que España se declarase en estado de alama, Marruecos anunció que había detenido a 45 emigrantes subsaharianos que pretendían salir desde una playa al norte de Dajla y se había incautado de abundante combustible y equipos logísticos.
Así que los miles inmigrantes que se concentran en esa ciudad del sur del Sahara a la espera de que llegue su día para cruzar a Europa están tomando más precauciones, asegura Maleno, tanto para no exponerse a un arresto, como para procurar no contagiarse de un virus que podría ser muy peligroso para ellos. Los inmigrantes africanos son en su mayoría jóvenes, pero muchos han contraído en sus meses o años de periplo hasta Marruecos desde su país tuberculosis u otras enfermedades que les hacen vulnerables.
Un responsable de las fuerzas de seguridad españolas que trabaja en contacto directo con los equipos de enlace desplegados en varios países africanos lo corrobora: Las patrullas de soldados y policías de Marruecos desde el confinamiento han tenido un efecto disuasorio, pero advierte de que el flujo se frenó unas semanas antes de que apareciera el coronavirus. Según su criterio, desde unos meses atrás se nota un mayor esfuerzo de Marruecos por frenar las pateras.
También apunta otro dato: la mayor vigilancia policial en el Sahara está desplazando las salidas más al sur. De hecho, precisa que el primer cayuco que llegó a Canarias desde que se decretó el estado de alarma (el 20 de marzo) había salido desde Nuadibú, en el norte de Mauritania, y llevaba al menos una semana navegando.
A sus 45 ocupantes, la orden de confinamiento que recibieron todos los españoles el 14 de marzo los cogió en el pleno océano.
En la delegación en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), los quince días sin pateras también han causado sorpresa. «No tenemos mucha información de lo que está ocurriendo en la otra orilla, la verdad», asegura su portavoz, Txema Santana, que observa con preocupación como puede impactar esta emergencia sanitaria entre los inmigrantes, tanto en Canarias, como en toda la franja occidental de África, desde Marruecos hasta Senegal.
Santana precisa que los quince días sin pateras han ayudado a descongestionar los recursos de acogida de que disponen varias ONG en Canarias en coordinación con la Delegación del Gobierno. Eso, y el hecho de que en la semana previa a que se decretara el estado de alarma un número significativo de los residentes en los albergues de CEAR y Cruz Roja los abandonaron. Ya no están.
¿A dónde han ido? El portavoz de esta ONG no tiene datos ciertos, pero supone que tomaron barcos a la España peninsular para seguir ruta a Europa. Lo que sí tiene claro es que las plazas que dejaron han ayudado, y mucho, a acoger a las 187 personas que han llegado en las cinco barquillas interceptadas en Canarias desde el estado de alarma, porque muchos recursos empezaban a estar al límite.
En las organizaciones sociales preocupa ahora cómo seguir con su trabajo en un país que está confinado, incluidos los inmigrantes que viven en sus albergues. En los centros de internamiento para extranjeros de Tenerife y Gran Canaria quedan unas 80 personas, que en CEAR creen que terminarán en los recursos humanitarios en breve, en cuanto se agote su período máximo de retención, 60 días, que muchos están ya cerca de cumplir.
Al mismo tiempo, tanto CEAR como Cruz Roja preparan sus albergues para contar con cuartos de aislamiento por si se diera entre sus residentes algún positivo de Covid-19, cosa que aún no ha ocurrido.
Los últimos en llegar, como los que desembarcaron el miércoles en Arguineguín o el jueves en Gran Tarajal, se encuentran con una imagen chocante para ellos: los reciben personas uniformadas con trajes blancos de protección, no solo con las habituales mascarillas, que esta vez también se las ponen a ellos nada más desembarcar. Es una medida elemental de protección, en dos vías: nadie quiere contagiarlos ni contagiarse.
La Delegación del Gobierno en Canarias ha asegurado a Efe que se seguirá atendiendo a quienes llegan en coordinación con las ONG que colaboran desde hace tiempo en este tipo de dispositivos, respetando, eso sí, las medidas de precaución del estado de alarma.
Pero en varias organizaciones flota la preocupación de qué ocurrirá si el flujo se reactiva otra vez, si, por ejemplo, la expansión del coronavirus envenena la ya compleja situación social de muchos de los países emisores de emigrantes y acaba espoleando la salida de pateras. ¿Cómo atender a quien llega, no se sabe de dónde, ni en contacto con quién, en un país en cuarentena?
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