Protocolo ante el riesgo suicida del alumnado: «En los centros se puede detectar por primera vez»

El aumento de conductas suicidas entre la población infantojuvenil se ha convertido en un problema prioritario de salud pública y en este contexto la Consejerías de Sanidad anunció en septiembre de 2022 el protocolo de actuación en los centros educativos.

El documento «ha sido remitido a cuatro revisores externos, que abarcan el ámbito jurídico y el sanitario, con una revisión global, y se está comenzando a revisar tales aportaciones y a valorar los cambios que puedan ser pertinentes. Cuando finalice este proceso se dispondrá de un documento definitivo, que tras su aprobación final pasará a las fases de maquetación y difusión», señala Francisco Acosta, técnico del servicio de Salud Mental de la Consejería de Sanidad.

Se aplicará en los colegios e institutos de Canarias -abarca todas las etapas de la enseñanza no universitaria-, con especial hincapié en la población adolescente. «El protocolo establece los procedimientos de actuación ante cualquier sospecha de riesgo suicida o conducta suicida, en coordinación con los servicios sanitarios y también con servicios sociales, de ser necesario», destaca Acosta, que puntualiza en sus respuestas por correo electrónico que al no ser un documento definitivo puede tener variaciones.

Los expertos ven los centros educativos como un espacio clave de actuación: «Hay que considerar que en ellos el alumnado pasa una buena parte de su tiempo, donde establecen relaciones interpersonales, y donde se manifiestan dificultades o problemas asociados, el entorno educativo puede ser el ámbito en el que se detecte por primera vez el riesgo suicida».

Aunque, desde una perspectiva global, Acosta destaca que «la prevención del suicidio implica a todos los sectores y a toda la sociedad, no solo al ámbito sanitario». El año pasado, 20 menores de 30 años -catorce chicos y seis chicas- se suicidaron en el archipiélago, uno de ellos menor de 15 años, mientras que en 2021 fueron 22.

Los expertos inciden en que la crisis de la covid ha agravado los problemas de salud mental entre la población infantil y adolescente. En un reciente congreso celebrado en la capital grancanaria, el presidente de la Sociedad Española para el Estudio de los Trastornos de la Personalidad destacó que «el índice de intentos de suicidios en jóvenes ha aumentado un 100% después de la pandemia».

El protocolo canario en los centros educativos se activa ante la sospecha de riesgo o conducta suicida suicida, por parte de un profesional del centro, docente o no docente, sea sospecha propia o comunicada por terceros. «A partir de ese momento intervienen diversos profesionales, especialmente la persona que tiene la sospecha, el tutor o tutora, y los profesionales del Departamento de Orientación, que se coordinan con prosesionales sanitarios (Pediatría, Atención Primaria y de la Red de Salud Mental infantojuvenil) y profesionales del ámbito social, de ser necesario», explica Acosta.

El protocolo detalla cómo debe realizarse un primer abordaje y entrevista en la que se evalúe el riesgo suicida en un estudiante, con la ayuda de una escala de evaluación; el establecimiento de niveles de riesgo; los procedimientos de actuación según la gravedad del caso; el seguimiento en el ámbito educativo; y las actuaciones de postvención (tras un suicidio y tras un intento de suicidio).

La formación de los profesionales es clave para aplicar correctamente el protocolo. Además de las siete ediciones del 'Curso online de promoción de la salud mental, resiliencia y prevención del estrés' destinadas a profesionales del sector educativo, «se pretende realizar una formación específica en conducta suicida, de forma paralela a la implementación del protocolo». El técnico de Salud Mental explica que el primer curso está en fase de inscripción y está destinado a orientadores educativos.

Como población vulnerable, Acosta destaca la importancia de desarrollar estrategias preventivas específicas para la población infantil y adolescente. «La prevención del suicidio es una prioridad, no solo para el sistema sanitario, ya que el enfoque de la prevención debe ser intersectorial. Si el suicidio es una tragedia, lo es especialmente cuando se produce a estas edades», afirma el experto.

Sobre la atención a este sector de la población, Acosta sostiene que «en los últimos años se ha producido un progresivo aumento en la dotación de recursos en la Red de Salud Mental infantojuvenil, tanto en dispositivos de nueva creación como en la dotación de profesionales, pero teniendo en cuenta la repercusión de la pandemia que se va observando en la salud mental de la población general, y en particular en la población juvenil, resulta conveniente continuar con el aumento de los recursos».