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canarias7
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 2 de agosto 2022, 08:57
Nacido en 1944, mis estudios estuvieron siempre jalonados de pruebas. Había que superar una prueba para cursar el bachillerato. Había que superar otra prueba a mitad del mismo y al acabarlo. Había que hacer otra prueba para el ingreso en la universidad y, como ingeniero superar un curso selectivo en la facultad de ciencias y otro de iniciación en la escuela de ingeniería. Finalmente era necesario superar un examen de proyecto final de carrera. Si se seguía estudiando quedaba la tesis doctoral defendida ante un tribunal. En medicina, por ejemplo, había que superar los exámenes del MIR y, en la Administración pública, los de cada cuerpo en particular.
Era una carrera de obstáculos en la que, de cuando en cuando, había una barrera en la que había que demostrar la suficiencia de lo aprendido.
Por tanto, no seré yo de los que diga que pruebas periódicas son inútiles. Me parece que cumplen con un cometido: controlar el nivel de conocimientos de los futuros profesionales.
De manera que estoy de acuerdo en que haya pruebas de acceso a la universidad.
Lo que me preocupa es su objetividad. La Constitución española de 1978 consagra el principio de igualdad de oportunidades. De manera que no debe haber discriminación para ningún ciudadano en el acceso a la universidad, salvo la que se deriva de la sustancia de esta institución. Dado que el número de plazas en determinadas carreras es limitado, por razones de eficiencia, la selectividad debería basarse en el talento y la vocación.
Ahí es donde empiezo a tener mis dudas sobre la propuesta del ministerio. Este propone que paulatinamente, en dos años, se instaure una llamada «prueba de madurez» como parte importante de la nota final. Nota que servirá de «corte» para el acceso a determinadas carreras en la universidad.
La propuesta sobre la «prueba de madurez» puede parecer sensata. Los universitarios deben ser maduros, en la medida que su edad y preparación se lo permita.
La duda es ¿en qué consiste esa madurez? ¿Cómo se mide? Se dice en la propuesta ministerial que se entregará al examinando una serie de documentos. Luego habrá una serie de preguntas tipo test, otras cerradas y un tercer ejercicio de respuestas abiertas. Con ello se pretende medir su madurez.
Pero ¿qué pasa si el material entregado habla, por ejemplo, del «derecho de autodeterminación de los pueblos de España»? ¿Que se considera madurez? ¿Estar a favor o en contra? ¿Dependerá de los evaluadores?
Otro tema es el idioma ¿por qué un catalán no puede hacer todo en catalán e inglés? (Seguro que lo pedirán desde la Generalitat) ¿o en castellano e inglés? ¿Por qué un vasco tiene un mayor grado de dificultad al tener que contestar en tres idiomas y un castellano-manchego solo en dos? ¿Por qué la segunda lengua no puede ser el francés, el sueco, el árabe o el latín?
Eso es solo un tema referido a la estructura territorial del Estado. Hay otros de valores y creencias que pueden ser manipulados tanto en los textos que se entreguen para analizar, como la formulación de las preguntas o en la evaluación de las respuestas ¿Quién va a ser el garante de la objetividad? ¿Son confiables los proponentes y los que evaluen?
En los exámenes de ingreso a la carrera de ingeniero las matemáticas eran pruebas objetivas e irrefutables ¿Pasará lo mismo en «la prueba de madurez» que puede pesar, como dice el ministerio, hasta el 75% de la nota final dentro de dos años?
Tengo mis dudas y, hasta que no se despejen, me temo que dentro de dos años el Gobierno de turno volverá a corregir la norma.
Este es uno de los temas en los que no vale con una propuesta unilateral del Gobierno de un partido o una coalición.
Es necesario un amplio consenso democrático entre la fuerzas parlamentarias y profesionales para, al menos, neutralizar el exceso de ideología que puede hacer fracasar cualquier intento por buenas intenciones que tenga.
J. R. Pin Arboledas. Rector de la Universidad del Atlántico Medio
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