Las universidades canarias ven inasumible cotizar por los becarios

09/01/2019

La ULPGC y la ULL aplauden la regulación de las prácticas externas, pero piden que se acompañe de dotación económica. Las cuotas a la Seguridad Social les podría costar 1,8 millones de euros al año

Las dos universidades públicas canarias ven inasumible la carga económica que les supondría tener que afrontar las cotizaciones a la Seguridad Social de los alumnos que realizan prácticas curriculares externas, una medida que Ministerio de Trabajo incluyó en una disposición adicional del Real Decreto Ley 28/2018, de 29 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En ella establece que los estudiantes que realicen prácticas formativas –grado y máster universitarios y FP– deben incluirse en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena.

El rector de la ULPGC, Rafael Robaina, ya avisó ayer de que la institución que dirige no puede asumir el coste de las cotizaciones de los más de 3.000 alumnos de último curso de grado realizan prácticas en empresas privadas u otras entidades cada año y que, en un primer cálculo, estima que superen los 800.000 euros anuales, «además del gasto que lleva aparejada la gestión de las altas y bajas a la Seguridad Social», dijo.

La entrada en vigor, en tres meses, de la obligación de tener a los alumnos en prácticas dados de alta no supondría un problema si, como sostiene Robaina, «se acompañara de financiación». «Todos estamos de acuerdo en que se regule y se dignifique la situación de los alumnos en prácticas, pero es muy difícil que la universidad pueda asumir su coste», dicen casi al unísono Rafael Robaina y el vicerrector de Alumnado de la ULL, José Manuel García Fraga, que ayer aseguraba que la aprobación de esta medida causó «gran sorpresa» en la ULL.

La Laguna tiene cada año a 4.000 alumnos realizando prácticas externas y sus cotizaciones, según calcula, podrían alcanzar el millón de euros.

Canarias, además, tiene la particularidad de que, con la entrada en vigor del plan Bolonia y por decreto del Educación, todo el alumnado de grado debe realizar prácticas externas (el 5% de los créditos) para obtener la titulación. Esta situación crea una «gran preocupación» porque, si la universidad no asume las cotizaciones, es posible que caiga la oferta de prácticas externas que hacen las empresas y a las que Robaina animó a «seguir apoyando a la universidad» con un mensaje tranquilizador: «No se preocupen, no van a cargar con esto».

Disparate

Si la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de establecer que todos los estudiantes que realicen prácticas formativas estén incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social ha sentado como un jarro de agua fría en las universidades canarias, el impacto en la Consejería de Educación no ha sido menor: considera la medida un «auténtico disparate».

Por un lado, aseguraba ayer el director general de Formación Profesional, Manuel Jorge, porque podría afectar de manera muy negativa al sistema de prácticas de la formación profesional (FP) y, por otro, porque ya el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, y el vicerrector de Alumnado de la ULL, José Manuel García Fraga, avisaban de que si el Gobierno central no asume el coste que supondría para las universidades dar de alta en la Seguridad social a 9.000 alumnos cada año, llamarán a las puertas de la Consejería de Educación. «Educación tendrá que decir algo porque fue quien por decreto estableció que el 5% de los créditos para obtener el título de grado se debían obtener con prácticas externas», recordó ayer José Manuel García Fraga.

La Consejería de Educación estima que hacer frente a las cuotas de la Seguridad Social de los más de 11.000 alumnos de FP que realizan prácticas en alguna empresas en Canarias (a los que se suman los casi 1.000 de FP dual) tendría un coste de más de 1,5 millones de euros, que para Manuel Jorge es «un disparate».

De la misma manera que las universidades temen que las empresas se retraigan a la hora de ofertar prácticas para los alumnos universitarios, Manuel Jorge alerta de que también las que tienen en prácticas a alumnos de FP de grado medio, superior y de FP dual «se pensarán muy mucho ofrecer esas prácticas» que son, asegura el director general, «un pilar de la FP». Es más, cree que disuadiría a muchas pequeñas y medianas empresas.

Manuel Jorge alertó además de que en la Comisión de FP del Ministerio de Educación con las comunidades autónomas «en ningún momento se planteó esta situación» y recordó que la última reunión fue a mediados de diciembre en Tenerife y, «como siempre, se insitió mucho en la coordinación entre Educación y Trabajo».