Cumbre de la Generalitar sobre el catalán celebrada este jueves. / E. P.

El Govern aplica solo la sentencia sobre el castellano a los centros afectados

La Generalitat pondrá dos profesores solo en las 35 aulas que a su juicio están pendientes de cumplir con órdenes judiciales

CRISTIAN REINO Barcelona

El Govern catalán ha puesto sobre la marcha toda una batería de medidas con las que pretende blindar el modelo de inmersión lingüística, pero sigue sin aclarar cómo piensa cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ratificada por el Supremo, que obliga a la administración pública a impartir el 25% de las clases en castellano. El consejero de Educación, Josep González-Cambray, cada vez más cuestionado, tanto por los defensores del sistema monolingüe como los que rechazan la inmersión, afirmó este viernes que lo que seguirá a raja tabla será la ley de educación de Cataluña, que obliga al final de la enseñanza obligatoria a que todos los alumnos tengan plenas competencias en catalán y castellano.

Con esta premisa, el Govern cree que ya estaría cumpliendo con la ley estatal (Lomloe) y que la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña no le afectaría porque la ley Wert, a la que hace referencia el fallo, ya no está en vigor. Plataformas en defensa del bilingüismo advierten, no obstante, de que la nueva ley no deja sin efecto la sentencia y que en el plazo de un mes la administración catalana tendrá que notificar a la justicia qué medidas contempla para aplicar el fallo judicial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas recordó que las sentencias judiciales «siempre se cumplen». Máxime las que son firmes como en este caso, «no hay debate», apuntaron fuentes del Ministerio de Educación.

De momento, el Ejecutivo catalán no se da por aludido por el fallo del TSJC que obliga a aplicar el 25% de castellano a todo el sistema y solo prevé adoptar medidas que afectarán a 35 aulas de otros tantos centros, que son los que la Generalitat tiene contabilizados como pendientes de cumplir resoluciones judiciales. Era el caso de Canet de Mar, si bien el Departamento de Educación afirmó que el centro Turó del Drac ya se ha adaptado a la sentencia judicial para la clase de P5.

El Govern celebró el jueves una cumbre con la comunidad educativa y para esas 35 aulas lo que ha decidido es contratar a 35 profesores, a partir del mes de enero, de tal manera que en las aulas donde haya un niño cuyos padres hayan pedido más horas en español, habrá dos docentes. La Generalitat se asegura de esta forma que el 25% de las clases se dan en castellano para ese alumno y al mismo tiempo el resto del alumnado tendrá garantizada la escolarización plenamente en catalán, como hasta ahora. Cambray no entró al detatalle de en qué consiste esa «codocencia» y la dejó en manos de cada centro. Negó eso sí que un maestro dará la clase en castellano y el otro en catalán. «Las aulas catalanas nunca separarán a los alumnos por ningún motivo. Nunca los separaremos en función de lengua, de género o de raza», dijo.

Críticas al consejero

El Govern niega además que haya un aumento de peticiones de más clases en castellano como aseguran las plataformas que abogan por el bilingüismo en las aulas. Hablan de una sesentena de familias, a partir del caso de Canet de Mar, en cambio, Educación no admite las cifras.

Las otras medidas adoptadas por el Govern en su reunión con las entidades que defienden la inmersión iban dirigidas a blindar el modelo en catalán y tratar de acallar las voces críticas con el consejero, en la picota por la gestión que ha hecho del caso de Canet. Lo que más le reprochan sectores soberanistas a Cambray es que admitiera a las primeras de cambio que no podía hacer nada para evitar el cumplimiento de la sentencia. Sindicatos independentistas de la comunidad educativa ya han pedido su cabeza.

Dos días antes de la manifestación que se celebra este sábado en Barcelona a favor de la escuela catalana, que contará con la máxima representación institucional (presidente del Govern y presidenta del Parlament), así con la presencia de todo el soberanismo político (ERC, Junts, la CUP y los comunes), Aragonès quiso lanzar el jueves con la cumbre con el mundo educativo un mensaje de cierre de filas con el modelo de inmersión y anunció un aumento de las inspecciones en los centros sobre el cumplimiento de la inmersión, así como una «ofensiva legislativa».

En estos momentos, hay dos bloques en litigio. Los defensores de la escuela en catalán creen que la lengua de Pompeu Fabra está en retroceso en las aulas, de ahí el guiño de Aragonès con las inspecciones. En el lado opuesto, hay quien sostiene que el castellano está marginado pues solo está presente en las aulas en dos o tres horas a la semana, igual que el inglés.

Los inspectores irán a los centros y recogerán información sobre el uso del catalán. Con esos datos, la Universidad de Barcelona (UB) realizará un dictamen para que el Govern pueda elaborar un plan de impulso del catalán. Además, los docentes recibirán formación sobre «cómo acompañar al alumno» para no cambiar de lengua cuando el niño se les dirijan en castellano.