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Efe / Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 1 de enero 1970
El STEC "no entiende y rechaza frontalmente la política brazos caídos" que, bajo su punto de vista, sigue el Gobierno de Canarias con las demandas de mejora de las condiciones laborales de los profesores de la enseñanza pública.
Este sindicato exige a la Consejería de Educación "una gestión diferente y eficiente de los recursos", con la "apertura inmediata de negociaciones", con advertencia de que está dispuesto a llamar a los docentes a movilizarse, sin descartar "declarar una huelga".
El portavoz del STEC Emilio Armas lamentó este martes "el favoritismo descarado" que perciben hacia la educación concertada, ya que "mientras las cifra de matrículas ha caído en proporción similar, crecen 11 grupos de la concertada y se recortan 61 en la pública".
Para este sindicato, esos datos evidencian "una descapitalización intencionada de los sistemas públicos".
Además, opina, la educación "se enfrenta también a la privatización de los servicios, como comedor, transporte o limpieza", que van "contratándose a empresas privadas que se lucran de la desmantelación de estos servicios públicos".
Entre las incidencias que ha destacado el sindicato sobre el nuevo curso escolar, figuran "las ratios elevadas que impiden una atención individualizada de los alumnos", así como plantillas "insuficientes de personal docente y no docente", con un número que sitúa a las islas "a la cola del Estado".
Para Armas, los argumentos defendidos por la consejera de Educación, Soledad Monzón (CC), sobre estas dos cuestiones "están manipulados", ya que asegura que "se han bajado las ratios por debajo del máximo" haciendo una media que "no tiene en cuenta la situación de algunos centros en Maspalomas o en Las Palmas de Gran Canaria y usando los municipios con menos alumnos del interior para que le salgan las cuentas".
Lo mismo ha indicado sobre el número de docentes, ya según asegura Monzón "ha crecido en 700, cuando hacen falta más de 2.000 para llegar a la media española" o cerca de 4.000 para igualarse con el País Vasco, comunidad que tiene la misma población que las islas.
A juicio del STEC, Canarias también se sitúa en "el vagón de cola" en jornada lectiva y burocracia, ya que "los docentes sufren una sobrecarga de trabajo fruto de los recortes en plantilla docente y no docente", así como "la falta de medidas de atención a alumnado de necesidades específicas" o la "falta de inversión en infraestructuras, claramente deterioradas" o en "dotación presupuestaria en recursos pedagógicos".
El portavoz de esta organización ha destacado además la "escolarización casi inexistente en el rango de edad de cero a tres años", que es "fundamental" y que tiene una oferta "mayoritariamente concertada".
En relación a los gastos y al impacto económico de la educación en las familias canarias, el STEC ha señalado que "cada vez son más altos a pesar de que los recursos en los hogares son más bajos".
Ante esto, su representante ha ironizado sobre el último anuncio de la consejera de "adelantar 3,8 millones de euros para libros de texto", porque "no se debe de haber dado cuenta de que la clases ya empezaron y adelantar a posteriori no tiene sentido".
En el plano laboral, ha expuesto "el mal funcionamiento en prevención de riesgos laborales", el "acoso por enfermar al profesorado", que es algo "gravísimo", así como "el retraso en listas de empleo, que se suma a la situación disparatada del sistema de oposiciones de este verano".
En 2009, el presupuesto para educación era un 4,3% del PIB canario y en 2014 con la Ley de Educación de Canarias "se decidió aumentar esta cifra de forma progresiva hasta 2022", ha recordado Armas.
Si embargo, ha añadido, "lejos de avanzar, vamos hacia atrás, ya que en 2018 está en 3,52% del PIB".
Además, ha denunciado, a los docentes se les ha aplicado "una reducción de entre el 5 y el 7% del salario, una cantidad que sale del bolsillo de los trabajadores de los servicios públicos para las cuentas de resultados de empresas que especulan con ellos".
El STEC sostiene que las deficiencias a las que se enfrentan los docentes tienen "su origen en la falta de presupuesto" y una causa "con nombres y apellidos, Soledad Monzón y Fernando Clavijo".
Para Armas, los representantes del Gobierno de Canarias usan la Ley Canaria de Educación "como arma arrojadiza contra la sociedad" y no como "una herramienta para ayudar a los que más lo necesitan y favorecer a su desarrollo".
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