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Canarias7 / Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 11 de mayo 2020, 18:47
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El 53% de los docentes canarios considera que no es posible adaptar su centro antes de que finalice el curso para cumplir con las medidas sanitarias decretadas para frenar la expansión del Covid-19 mientras que el 42,3% lo ve viable si el número de alumnos por profesor está por debajo de 15 y solo el 4,7% afirma que su centro dispone de aulas lo suficientemente amplias o, incluso, de aulas vacías, para ello. Es una de las principales conclusiones extraídas de la segunda encuesta elaborada por ANPE Canarias, el sindicato con más representación en la enseñanza pública no universitaria de las Islas, en la que han participado 4.188 profesionales y que ha tenido como objetivo recoger el sentir mayoritario de los docentes de la escuela pública.
Según esta consulta, casi seis de cada diez docentes confían en que se puede implantar un modelo de enseñanza semipresencial en el Archipiélago, siempre y cuando se dote a las familias, el profesorado y los centros de los recursos necesarios para ello, mientras que el resto entiende que no podría hacerse. «Estamos viviendo una situación excepcional y es más necesario que nunca, si cabe, que las administraciones educativas no desoigan la voz del profesorado. El escenario en el que nos hallamos es incierto y requiere de complicidad y apoyo de toda la comunidad educativa. Los docentes han dado lo mejor de sí mismos para garantizar la continuidad pedagógica durante el cierre de los centros educativos, pero, en cambio, apenas se les ha tenido en cuenta. Eso debe cambiar urgentemente», señala Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
Una abrumadora mayoría -el 90,7%- piensa que para que el sistema educativo compense el parón de las clases presenciales de este curso es imprescindible el aumento de las plantillas, la disminución de las ratios alumno-profesor y la formación del profesorado.
De cara al próximo curso, el 33% de los docentes piensa que la Consejería debe priorizar la formaciónsobre enseñanza telemática para que el profesorado pueda desarrollar su labor online en condiciones adecuadas y el 29% demanda que se habiliten aplicaciones específicas para ello.
Por último, dentro del apartado habilitado para hacer aportaciones concretas, los docentes reclaman, de cara a septiembre, protocolos sanitarios, tanto para el profesorado en general como para determinados perfiles de docentes (embarazadas, personal de alto riesgo...) y medidas específicas para garantizar que la actividad educativa se desarrolla de la mejor forma posible de cara al próximo curso. Entre ellas, destacan:
1. Diseño de un plan de acción tutorial que establezca directrices de tutorización y monitorización del alumnado en situaciones de docencia online, que incluya medidas específicas para el alumnado con dificultades de seguimiento derivado de la falta de recursos digitales, en situación de exclusión social y con necesidades educativas especiales.
2. Incorporación en las programaciones didácticas de una planificación en la modalidad online de la asignatura, que permita un buen seguimiento de esta en caso de un nuevo cierre.
3. Plan de formación específico orientado a desarrollar la competencia digital del alumnado, que incluya manejo instrumental y didáctico de las herramientas digitales, acceso y uso de plataformas educativas, y formación sobre usos responsables y peligros de las tecnologías (ciberacoso, fake news, fraude, etc.).
4. Convocatorias específicas de dotación tecnológica a los centros, elaborar planes de préstamos y cesión de dispositivos electrónicos, para alumnado y profesorado, continuar con la formación del profesorado orientado al fortalecimiento de la competencia digital docente (prácticas pedagógicas virtuales, dinámicas de colaboración entre docentes, elaboración de material), convocatorias de proyectos de innovación en los centros, protocolos de seguimiento del alumnado y protocolo de seguimiento y monitorización del alumnado.
5. La inspección debe priorizar como elemento central el apoyo a los centros y docentes y, desde los marcos legales que establezca la Administración educativa, ofrecer orientación, recursos y flexibilización del marco normativo para que los centros, en el ejercicio de su autonomía, puedan ofrecer medidas acordes con las necesidades de sus alumnos y familias.
6. Disminución de la burocracia, procedimiento de matrícula y todo aquel que se pueda, hacerlo de manera telemática y prórroga de las matrículas de comedor y transporte para el próximo curso.
7. Consultar con los centros, es decir, padres, profesorado y dirección las necesidades concretas del centro y la manera de dar respuesta a las mismas
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