El Congreso da luz verde a la tramitación parlamentaria de la ‘Ley Celaá’

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha iniciado su defensa de la ley haciendo un repaso a sus principales objetivos, entre los que destacó un aumento de las oportunidades formativas, un currículo moderno, la detección temprana de las barreras de aprendizaje de los alumnos, el fortalecimiento de la autonomía de los centros, la mejora de la evaluación, el tratamiento del abuso de la repetición, el refuerzo de la equidad, la reducción del abandono temprano, el fortalecimiento de la educación de 0 a 3 años, los cambios en el sistema de la FP o el impulso a la carrera profesional de los docentes. Todo, ha dicho, para conseguir el «sistema educativo moderno, más abierto, menos rígido, multilingüe y cosmopolita» que, dice, reclama la ciudadanía.

Ha sido un primer debate bronco, que apenas sirvió para que las posiciones más enconadas acercaran posturas. Tan solo la formación naranja ha tendido la mano al Gobierno para negociar un pacto educativo a cambio, eso sí, de que «congele» la tramitación parlamentaria de su reforma educativa, algo que no va a ocurrir.

Desde los principales partidos de la oposición, las quejas están claras. PP, Vox y Ciudadanos coinciden en la falta de consenso –la misma que con la ‘ley Wert’ en 2013 y con la mayoría absoluta del PP, han apuntado varios portavoces– y en que la ‘ley Celaá’ tiene «sesgos ideológicos», atenta contra «la libertad de las familias», quita peso a la enseñanza concertada y la asignatura de Religión y no garantiza el castellano.

Celáa considera, en cambio, que las enmiendas «no responden al contenido» de la Lomloe. Así, ha indicado que el proyecto de ley mantiene el derecho de los padres a elegir la formación religiosa confesional que deseen para sus hijos –la asignatura es de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, aunque deja de contar para su nota media–, reformula las enseñanzas del castellano y de las lenguas cooficiales del país y, tal y como indica la Constitución, garantiza el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creacion de centros docentes.

La ministra ha advertido también de que rechazar esta ley es defender la ‘ley Wert’ y, por tanto, «dar cobertura a la política de recortes en educación». Ha puesto un ejemplo: la inversión del Estado en este sector pasó del 5,04% del PIB en 2009 a «algo menos del 4%» a finales de 2017. «Estos recortes han afectado especialmente a la educación pública ya que otras subvenciones y los fondos de conciertos han crecido un 7,7%», ha denunciado.

María Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en la Cámara baja, ha sido mucho más contundente a la hora de cerrar el debate al apuntar que «lo que le escuece a la derecha es que se pone fin al modelo ideológico segregador, que resta oportunidades de aprendizaje». Ha invitado a la oposición, «instalada en el pasado, a pasar de pantalla». Y ha ido más allá: «Aquí no hay una lucha entre lo público y lo concertado: se trata de poner fin a ciertos privilegios de cierta educación concertada y volver a reequilibrar ambas redes en el sistema educativo».

Por su parte, la portavoz de Educación del PP en el Congreso, Sandra Moneo, ha anunciado que cuando los 350 diputados puedan estar físicamente en el Parlamento, presentarán una alternativa a la Lomloe para la modernización y transformación del sistema educativo. Moneo ha explicado que su texto recogerá aportaciones de expertos y evidencias empíricas contrastadas. Para la portavoz, el proyecto impulsado por el Gobierno, «anticuado, superado y testado», es una ruptura del pacto constitucional y coarta libertades.