Dos expertas en ofimática «confirman las irregularidades» en unas oposiciones de la ULPGC
Más de 70 aspirantes a las 21 plazas de administrativo presentaron alegaciones formales al tribunal, pidiendo la anulación del examen y su repetición, que fueron «desatendidas»
Dos profesionales con «décadas de experiencia» en ofimática respaldan las denuncias efectuadas por la plataforma de afectados por el examen práctico en las oposiciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para acceder a 21 plazas vacantes de personal funcionario de la escala administrativa (subgrupo C1), celebrado el pasado 11 de abril.
Los propios perjudicados informan en una nota que se trata de la profesora de la Academia Las Cortes, en Tenerife, María del Mar Pedrós, y de la también profesora de ofimática en la academia Liceo 2000, en Las Palmas de Gran Canaria, María Inmaculada Gómez Fernández. Ambas coinciden en que hubo «irregularidades graves» en el «diseño, ejecución y corrección» de la prueba.
En primer lugar, señalan que las instrucciones fueron «confusas y técnicamente erróneas», lo que dificultó «enormemente» la ejecución del examen.
La plataforma destaca alguna de esas imprecisiones en la prueba de Excel, como fue la solicitud de «'imprimir la fila de títulos para que salga automáticamente a la página siguiente', una redacción ambigua y contradictoria que generó confusión, especialmente porque en el punto inmediatamente anterior se solicitaba al opositor que se 'coloquen las dos hojas de cálculo en posición horizontal para que la información de cada hoja quepa en una sola página'».
También resalta que «los datos facilitados por el Tribunal, sobre los que debían trabajar las personas aspirantes a una de las 21 plazas, contenían errores (como DNI mal formateados), lo que hacía imposible aplicar las funciones indicadas sin una explicación previa».
Con respecto a la de Word, reseña que «se pedía configurar fuentes en '26 pulgadas' y '36 pulgadas', cuando Word utiliza puntos como unidad de medida», por lo que «estas medidas son técnicamente imposibles».
Siendo así, las dos profesoras describen el examen como una «evaluación mal diseñada, técnicamente deficiente y pedagógicamente injusta». «Este examen no mide competencias digitales. Mide la capacidad de interpretar instrucciones mal redactadas, de adivinar errores no explicados y de mantener la calma ante una prueba mal diseñada», arguyó Pelós.
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Otra de las reivindicaciones de los opositores consiste en que el «Tribunal Calificador publicó los criterios de corrección 10 días después de la realización del examen», lo que tildan de un «hecho sin precedentes», ya que de esta forma se les pricó de saber de antemano «qué instrucciones serían objeto de valoración». Reparan en que los puntos «más confusos» eran los que recibían mayor puntuación.
La plataforma recuerda que el 28 de abril el tribunal reconoció oficialmente su error y «anuló los criterios de corrección publicados» admitiendo que su actuación vulneraba la doctrina del Tribunal Supremo (sentencia 1046/2022), que establece que los criterios de calificación deben ser «previos y públicos».
Por todo esto, más de 70 opositores presentaron alegaciones formales al tribunal, solicitando la anulación del examen y su repetición «bajo condiciones que garanticen la igualdad, legalidad y transparencia». Unas alegaciones que, según los perjudicados, «han sido desatendidas por el tribunal», viendo «vulnerados sus derechos en un procesos que debería regirse por los principios de mérito, capacidad e igualdad».
Para la plataforma, «la torpeza con la que se gestionó el proceso pone de manifiesto un desconocimiento alarmante de los fundamentos básicos de las herramientas que se pretendían evaluar». «El tribunal ha ofrecido un ejemplo de cómo no debe organizarse una evaluación pública, dejando en entredicho no solo la validez del examen, sino la credibilidad del propio órgano evaluador», expone.
Por último, pone el foco en la ULPGC, ya que considera que «este episodio» también «daña la imagen de la propia universidad y pone en cuestión su capacidad para liderar procesos de evaluación con garantías».
