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L.R.G.
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 17 de noviembre 2023, 18:48
La conflictividad en las aulas de los centros canarios aumentó el pasado curso un 11% con respecto al anterior con 157 incidentes, una de las cifras más altas de los últimos 15 años. Así lo recoge la memoria del Defensor del Profesorado de ANPE que se presentó ayer en Santa cruz de Tenerife.
«En Secundaria hemos registrado 86 casos. Han subido mucho en relación al curso anterior y se pone de manifiesto que hay que bajar las ratios porque cuanto menos alumnado hay mejor se les puede atender. Por eso es una de las medidas que planteamos a la Consejería de Educación», explicó el presidente de ANPE, Pedro Crespo, en conversación telefónica.
«El acuerdo firmado en 2022 con Educación incluía reducir ratios en Secundaria y fue positivo pero insuficiente y, además, no afectó a algunos cursos de la ESO, nivel en la que se concentran muchos de los casos de conflictividad». Por eso, abunda, es necesario negociar «un calendario plurianual de disminución de ratios que incluya de manera prioritaria esos cursos».
En solo tres cursos, los casos de conflictividad se han incrementado en más de un 50%, recuerda ANPE. Por eso Crespo lamenta que se esté obligando al profesorado «a asumir determinadas funciones» que son propias «de otros profesionales. En la pandemia tuvimos que ser sanitarios. Ahora también hacemos de asistentes sociales. Pero hay determinadas cuestiones que son funciones de un psicólogo clínico y es necesaria su presencia en los centros- No digo en cada centro, pero al menos por zonas», afirma el representante sindical.
Crespo destacó que la conflictividad en los centros era «puntual» y que no se podía hablar de un problemas «generalizado». Pero sí llamó la atención sobre su «gravedad». La mayor parte de los casos de Secundaria, añadió, «son por situaciones de la adolescencia.La rebeldía ante la norma. El no asumir que se tiene que partir de que hay alguien que no te puede dejar hacer algo o tienes que hacer algo que no quieres. Es adolescencia pura y dura». Pero también hay casos de alumnado «con discapacidad» con problemas de «agresividad» que requiere un tratamiento más allá de la escuela. «Hacemos lo que podemos, pero no somos profesionales de ello», abundó Crespo.
El presidente de ANPE también cree que es necesario que sea la propia Consejería la que asuma las funciones que ahora ejerce el defensor del profesorado del sindicato.
«Pedimos que este servicio que realiza ANPEsea de la Consejería. Que cuente en cada provincia con un profesional que pueda atender de forma rápida y ágil a un docente cuando está en esta situación porque ahora mismo en muy engorroso. Hay que hacer un informe a la dirección, a inspección, a Fiscalía... Es todo engorroso. Necesitamos formas más sencillas de asesorar al docente. Muchas veces bastará con el mero asesoramiento administrativo. Que aclare los pasos. En ocasiones puede que hables con la jefatura de estudios y a lo mejor se arregla. Pero tiene que haber un profesional con formación al respecto al frente», añade Crespo.
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