El curso arranca sin cubrir las demandas del alumnado canario con necesidades especiales
La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva acusa a Educación de incurrir en un «grave maltrato institucional»
La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva denunció este miércoles el «grave maltrato institucional» que, asegura, siguen sufriendo numerosas familias del archipiélago con hijos e hijas con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), más de un mes después del inicio del curso escolar.
Según el colectivo, en este período se han registrado múltiples casos en los que niños de Educación Infantil han sido derivados a aulas enclave o centros de educación especial sin el consentimiento de sus familias, una práctica que, recuerdan, contradice los compromisos adquiridos por el consejero de Educación y su equipo, quienes aseguraron que no se forzaría a ninguna familia a aceptar este modelo segregador.
A esta situación se suma la ausencia generalizada de auxiliares y personal de apoyo en los centros, pese a los anuncios de contrataciones masivas realizados por la Consejería a comienzos de curso. La falta de recursos humanos, denuncia la Plataforma, impide que los menores con discapacidad asistan a aulas ordinarias, lo que los empuja a entornos segregados.
Uno de los casos más graves se ha reportado en el CEIP Ruiz de Padrón, en La Gomera. Según las familias, el alumnado del aula enclave permanece aislado del resto, sin acceso a recursos básicos, sin espacios de descanso, sin materiales de regulación sensorial, sin baños adaptados y sin auxiliares. Esta situación ha llegado a impedir la asistencia a clase de algunos menores, con consecuencias directas en su bienestar emocional, su rutina diaria y su derecho a la educación, según denuncia el colectivo a través de un comunicado
La Plataforma advierte de que se está negando el acceso a las aulas ordinarias y que los espacios segregados (aulas enclave y centros de educación especial) tampoco cumplen las condiciones para garantizar una educación de calidad. «Todo esto constituye una vulneración flagrante del derecho fundamental a una educación inclusiva, equitativa y en igualdad de condiciones», concluyen.
