El Consejo Social flexibiliza las normas de Progreso y Permanencia en la ULPGC

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) aprobó este jueves medidas extraordinarias en materia de Progreso y Permanencia que otorgan una nueva oportunidad al estudiantado para continuar y concluir sus estudios, aunque no se haya alcanzado el mínimo de créditos superados, tanto en primera como en segunda matrícula, informa la institución en un comunicado.

En estos casos, la normativa ya contempla una situación excepcional en la que la Comisión de Permanencia puede autorizar una única prórroga. Sin embargo, con esta modificación, «se añade una nueva oportunidad con respecto al nuevo año académico para evitar la desvinculación de los estudios» informó la presidenta del Consejo Social, Ana B. Suárez. Por ello, se permitirá al estudiantado en estas circunstancias matricularse en el presente curso académico entre 18 y 30 créditos, en el caso en el que su modalidad de dedicación sea a tiempo parcial, y entre 42 y 60 créditos en el caso de los y las estudiantes a tiempo completo.

Además, también se permitirá acceder a una séptima convocatoria para superar una asignatura eliminando la condición de haberse presentado a examen al menos en dos ocasiones. Igualmente se autoriza el reingreso de estudiantes desvinculados en cursos anteriores al curso 2023/2024 que no hayan dispuesto de una última séptima convocatoria adicional para superar las asignaturas correspondientes. Estas medidas extraordinarias son de aplicación para el presente curso académico.

Nuevo reglamento

También aprobó el nuevo reglamento Servicio de Control Interno cuya redacción tiene por objetivo cumplir con las nuevas exigencias legales y asegurar su alineación con las mejores prácticas en gobernanza y control interno.

En la presentación del nuevo reglamento a cargo del secretario del Consejo Social, Miguel Ángel Acosta, se especificó que han surgido nuevas leyes y directrices en materia de auditoría que impactan directamente en la gestión económica-financiera de las todas las Administraciones Públicas y como es lógico también de las universidades.

«Además, la experiencia acumulada en la implementación del reglamento de 2016 ha revelado áreas de mejora. La retroalimentación de los auditores internos y externos, cuando los ha habido, así como de las diferentes unidades de gastos de la universidad, ha permitido identificar procedimientos que pueden ser optimizados para aumentar la eficiencia, reducir la burocracia y mejorar la claridad en la ejecución de las funciones de control«, señaló Acosta.

El nuevo reglamento se estructura de forma óptima para abordar las funciones clave del Servicio de Control Interno «con un enfoque claro y sistemático, asegurando que cada aspecto del control interno esté bien definido y sea ejecutable», añadió la presidenta del Consejo, Ana B. Suárez. En el nuevo articulado se han introducido modalidades específicas para la función interventora y el control financiero, garantizando una supervisión integral y continua de las actividades económico-financieras de la universidad y sus entidades dependientes; entidades dependientes que, de hecho, cada vez son más importantes en términos económicos y de gestión para la universidad, como es el ejemplo paradigmático de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico.

El reglamento también establece procedimientos detallados para la planificación y ejecución de auditorías internas, lo que permite una revisión estructurada y regular de las operaciones financieras. Esta planificación es fundamental para identificar áreas de riesgo y asegurar que se implementen controles adecuados para mitigarlos. Además, como en la actualidad, se contempla la posibilidad de recurrir a servicios de auditoría externos cuando los recursos internos sean insuficientes, lo que asegura una supervisión exhaustiva y competente en todo momento, clarificando además el procedimiento para la contratación de dichos servicios externos.

Toma de posesión

Durante la sesión plenaria, la consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Olaia Morán Ramírez, renovó su pertenencia al órgano por un nuevo mandato de cuatro años.

En representación de los Colegios Profesionales, tomó posesión Alcibíades Trancho Lemes que sustituye a Juan Antonio García tras mas de 20 años en el Consejo Social de la Universidad y a quien la presidenta manifestó su agradecimiento por la dedicación durante estas décadas.

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