230.000 escolares vuelven hoy al aula: el fiasco de la obras de infantil marca el inicio de curso

Estas son algunas de las claves del nuevo año escolar en el archipiélago:

Este septiembre estaba previsto la apertura de 1.196 nuevas plazas en colegios públicos del primer ciclo de Infantil, tras las primeras 597 del curso pasado que sí empezarán hoy las clases con normalidad.

El retraso en la adjudicación y ejecución de las obras en los 65 colegios que iban a estrenar la educación de 0 a 3 años ha pospuesto la escolarización de los casi 1.200 niños y niñas ya matriculados. En 36 centros se prevé que abran en enero y 29 ni siquiera podrán hacerlo este curso, según comunicó la pasada semana Educación a los centros afectados.

Poli Suárez, el nuevo consejero regional del área que tomó posesión del cargo en julio, ha culpado al anterior Ejecutivo de «no hacer los deberes» y encontró como solución para «no dejar al alumnado en la calle» destinar cuatro millones de euros para que estos escolares inicien el curso en escuelas infantiles privadas o municipales, aunque en estas últimas apenas hay plazas libres.

Por su parte, el PSOE ha acusado al Ejecutivo de CC y PP de intentar favorecer a las escuelas infantiles privadas y no encontrar soluciones como acelerar las obras.

El continuo descenso de la natalidad sigue impactando de forma directa en la matrícula, sobre todo en las etapas educativas más tempranas. Según los datos avanzados por Educación (a fecha de 31 de julio), en el segundo ciclo de Infantil inician las clases en los colegios públicos canarios 30.520 escolares, 2.153 menos que el curso anterior, lo que supone un descenso del 6,5%.

La caída en Primaria es menor: 78.322 alumnas y alumnos inician hoy las clases, 1.055 menos que en septiembre de 2022, lo que supone un descenso del 1,32%. La ESO, también pierde alumnado. Hoy vuelven a las aulas de centros públicos 62.480 estudiantes, 2.434 menos que hace un año, los que supone un descenso de la matrícula de un 3,7%.

Mañana martes arrancan las clases del resto de enseñanzas no universitarias, entre ellas Bachillerato y Formación Profesional. Los datos de la Consejería de Educación, aún muy provisionales, dicen que en los institutos públicos canarios se han matriculado en bachillerato 25.923 estudiantes y 39.015 en FP, aunque estas cifras pueden sufrir importantes variaciones al alza.

Este curso arranca con menos incertidumbre que el pasado, cuando la nueva ley educativa, la Lomloe, se empezó a implantar en los cursos impares sin currículos aprobados y con el profesorado programando con borradores.

Ahora la reforma educativa se generaliza con la entrada de los cursos pares, pero con los contenidos de qué y cómo hay que enseñar aprobados. Los libros de texto adaptados a la nueva ley han llegado a tiempo para el inicio de curso.

Aún así, los sindicatos docentes reclaman a la Consejería de Educación que acompañe al profesorado en la implantación de la nueva ley y dé formación suficiente.

Era una de las grandes incógnitas de este curso. El alumnado de segundo de Bachillerato comienza las clases con la tranquilidad de saber que las pruebas de acceso a la universidad se mantendrán sin cambios, tal y como habían pedido, entre otros, la conferencia de rectores.

El Ministerio de Educación decidió una moratoria de un año para introducir los primeros cambios en las pruebas, que ahora afectarán a la selectividad de 2025. Todo queda en manos del próximo Gobierno central cuando se forme.

En la enseñanza pública no universitaria canaria imparten clase 27.000 docentes y un gran porcentaje son interinos, que se enfrentan a la incertidumbre de si lograrán plaza en el proceso de estabilización que se debe cerrar este curso y en el que Canarias oferta 5.000 puestos de funcionarios.

Las familias han tenido que afrontar la vuelta al cole más cara de la historia, con la inflación desbocada. De media, por escolar el gasto es de 500 euros entre libros de texto, material escolar y uniformes.

Además, las AMPA canarias han vuelto a denunciar en este inicio de curso que hay centros públicos que obligan a las familias a pagar por materiales que deberían costear ellos y piden a Educación que dé más presupuesto para el funcionamiento de colegios e institutos.

Los diferentes sectores de la comunidad educativa canaria, desde el profesorado hasta las familias, insisten en este inicio de curso que la mejora de la calidad educativa pasa por cumplir la ley canaria de educación, que en 2024 cumple diez años, y alcanzar ya la inversión del 5% del PIB.

Es una de las propuestas básicas del Consejo Escolar de Canarias, que presentó un informe con cien medidas para mejorar la educación pública de las islas. «Solo una buena inversión garantiza la calidad, tener los recursos suficientes para desarrollar los programas, proyectos y la propia estructura del sistema», declaró Natalia Álvarez, la presidenta de órgano de representación de la comunidad educativa de las islas.

Mantener la senda de la bajada de ratios, dar refuerzos educativos al alumnado que lo necesita, invertir en infraestructuras o que los centros tengan más presupuesto para su funcionamiento son algunas de las medidas que se reclaman.

La Plataforma del 5% para Educación ha puesto números al objetivo de alcanzar la inversión prevista en la ley en dos años y presentó al nuevo consejero regional del área, Poli Suárez, un informe donde reclama que el presupuesto de la Consejería de Educación crezca en 245 millones de euros en las cuentas de 2024 y en 215,7 millones en 2025.